Efemérides | El femicidio de María Soledad Morales

Tenía 17 años y estudiaba en un colegio religioso de Catamarca. El 8 de septiembre de 1990 desapareció y su cuerpo fue encontrado dos días después en un basural a 7 km de la ciudad.

El caso de María Soledad Morales fue emblemático: ese 8 de septiembre fue drogada, violada,  asesinada y arrojada en un descampado a la vera de la ruta. Los perpetradores de su crimen eran “hijos del poder”. Lo que vino después fueron innumerables muestras de impunidad: se perdieron pruebas, se presionaron testigos y se intentó encubrir lo sucedido. Sin embargo, la lucha de la familia de la joven, acompañada por toda la sociedad, terminó por resquebrajar el poder despótico que gobernaba la provincia, bajo el mando de la familia Saadi.

La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), cuyas funciones fueron el espionaje, seguimiento, registro y análisis de información primordialmente vinculada a ciudadanos y ciudadanas bonaerenses, también siguió de cerca las movilizaciones surgidas a partir del femicidio de María Soledad.

El legajo 30.480 sobre “Panorama policial” es bastante elocuente: sobre el caso de Catamarca, la DIPPBA observa: “La oficilialidad superior e intermedia, así como una gran parte de la suboficiliadad policial de esta Provincia, se hallan visiblemente influenciadas por el poder político gobernante en esa región desde hace varias décadas”. Y agrega: “Los tres últimos amotinamientos policiales fueron estrechamente relacionados con los vaivenes políticos derivados del affaire Morales y actualmente estas fuerzas solo responden al clan Saadi”.

Hay una gran cantidad de legajos que reúnen información sobre el caso de María Soledad, la mayoría de ellos pertenecen al relevamiento de las multitudinarias marchas del silencio que tuvieron epicentro en Catamarca pero que se extendieron en todo el país.

El legajo 256 de la mesa A, “Factor Estudiantil”, señala sobre las “incidencias” del caso en la provincia de Buenos Aires. En este sentido afirma que la Comisión juvenil pro-justicia para María Soledad, compuesta en su gran mayoría por ex compañeras de estudio de la joven, “se encuentra abocada a la extensión del caso a todo el país”.

En la foja 24 de ese mismo legajo se agrega: “Es menester recalcar toda ocasión de protesta masiva para que organizaciones de izquierda y entidades de derechos humanos utilicen estos actos para usufructuar y propiciar su influencia de descontento social hacia las autoridades gubernamentales”.

Durante esos años, las distintas delegaciones de la DIPPBA remitirán informes a la dirección central sobre las marchas de silencio realizadas en distintas ciudades de la provincia; en esos legajos se reúnen notas periodísticas, volantes, y también datos sobre las marchas como cantidad de asistentes o consignas.

A pesar de la complicidad y encubrimiento del gobierno provincial de Catamarca, la justicia llegó ocho años después de la muerte de María Soledad y sólo tuvo dos condenas: Guillermo Luque —hijo del entonces diputado nacional Ángel Luque, condenado a 21 años de cárcel por asesinato y violación, y Luis Tula condenado a 9 años como partícipe secundario de violación.

Por entonces, los asesinatos de mujeres producto de la violencia machista no se reconocían como tales. Su femicidio fue simplemente nombrado como “el crimen de María Soledad Morales”.

El término femicidio es un concepto político construido y visibilizado colectivamente para denunciar la violencia machista en su expresión más extrema y la impunidad con la que se perpetúa. La figura del femicidio se incorporó al Código Penal argentino en 2012 y fue una de las tantas conquistas de la organización y la lucha feminista.

El reclamo de justicia en las calles a lo largo de todos estos años visibilizó en la escena pública la verdadera dimensión de esta violencia, no se trataban de crímenes aislados o por motivaciones pasionales, eran crímenes por razón de género.