Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la
Provincia de Buenos Aires (Ley Nacional 26.827)

El día que Alfredo Bravo narró en la Embajada el horror de los centros clandestinos de tortura

LOS ARCHIVOS DE INTELIGENCIA ESTADOUNIDENSES DESCLASIFICADOS

Alfredo Bravo fue secuestrado el 8 de septiembre de 1977 y torturado durante diez días por Miguel Etchecolatz; en el último, antes del decreto del PEN que legalizó su detención, Ramón Camps lo amenazó con aparecer suicidado si hablaba. En julio de 1978, ya en libertad vigilada, Bravo narró con extrema precisión esos días de tortura durante una reunión en la Embajada de Estados Unidos y agradeció los esfuerzos diplomáticos para lograr su liberación. “Cuento esto para mostrarles a ustedes por qué estamos peleando”, dijo. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) comparte documentos exclusivos de la última desclasificación de archivos del FBI, CIA y Departamento de Estado sobre la dictadura argentina, que gestiona en el marco del convenio con el National Security Archive y la universidad William & Mary.  

Socialista, fundador de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y de la Asamblea Permanente por los derechos humanos (APDH), subsecretario de educación del gobierno de Alfonsín, cargo al que renunció tras la sanción de las leyes de impunidad, luego diputado nacional y convencional por la Ciudad de Buenos Aires en la Asamblea Constituyente. Y por sobre cualquier itinerario de vida, su vocación: la docencia. Alfredo Bravo fue un maestro.

Durante la dictadura militar fue secuestrado y torturado. El 10 de julio de 1978, poco después de salir de la cárcel con libertad vigilada, en su conversación con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, Alfredo Bravo enfatizó que no era ningún héroe y que había gritado de dolor como cualquier otro. “Cuento esto para mostrarles a ustedes por qué estamos peleando”, dijo. Tenía la esperanza que esa información, resguardando su identidad para proteger su vida y la de su familia, circulara en el ámbito internacional como una denuncia de las violaciones a los derechos humanos que vivía el país.

El memorándum tiene 14 páginas, es un resumen de las cuatro horas de conversación y fue enviado por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires al Departamento de Estado en Washington. Hoy forma parte de la última desclasificación para Argentina: 43 mil páginas de documentos de agencias de inteligencia estadounidenses sobre la dictadura militar.

En los comentarios, los funcionarios de la Embajada dirán: “No dudamos de su relato acerca de las inmensas pruebas que experimentó durante su interrogatorio. Muchos de los detalles en el informe de Bravo permiten establecer un paralelo con otras prácticas de interrogación y patrones previamente denunciados a la Embajada por otros sujetos”.

Tras el retorno de la democracia, Alfredo Bravo volvería a relatar el horror para la CONADEP y después lo hizo en los Juicios por la Verdad en La Plata, donde pudo señalar ante un tribunal a su torturador: el comisario Miguel Etchecolatz. Pero la primera vez que contó lo ocurrido fue en esa conversación con las autoridades de la embajada de Estados Unidos.

El 8 de septiembre de 1977, alrededor de las 20 horas, Bravo estaba dando clases en una escuela para adultos cuando tres hombres de civil, exhibiendo credenciales policiales, entraron al aula y lo secuestraron. A bordo de una Renault 4, recordó, lo trasladaron hacia La Plata.

Durante la conversación con funcionarios de la Embajada, el dirigente sindical y activista de los derechos humanos detalló once sesiones de tortura: fue golpeado, picaneado, sometido al “balde”, al submarino. También hubo técnicas de terror psicológico: arrojado en camionetas con cadáveres o llevado a un basural para que presencie un fusilamiento o simulacro.

En cada una de las sesiones de tortura, Bravo recordaría que su torturador lo trataba cortésmente de “estimado Bravo”. El 20 de septiembre, un decreto legaliza su desaparición y pasa a estar detenido bajo disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Ese día, el comisario Miguel Etchecolatz le tomaría la declaración formal y Bravo reconocería la voz del torturador que lo llamaba “estimado”.

Antes de ser trasladado a una cárcel de La Plata, Bravo fue llevado ante el Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Ramón Camps. En su oficina, Camps lo amenazó: si llegaba a hablar, daría a conocer que se había suicidado. Entonces pusieron a Bravo en una celda con una soga atada como una horca colgando de una tubería, y lo dejaron allí.

Tras el cable remitido por la Embajada, el entonces consejero para temas de América Latina Robert Pastor envió el memorándum al titular del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno Zbigniew Brzezinski. “Bravo fue retenido durante diez días en varios centros de detención. Durante ese tiempo lo tuvieron permanentemente encapuchado, desnudo, y le negaron comida y agua. La lista de las torturas que experimentó y presenció se lee como una guía al castigo cruel e inusual”, resume Pastor. Y agregaba una apreciación: “Dado que creo que su historia es importante en la medida en que comencemos a sentar las bases de una nueva estrategia para con Argentina”.

Mucho antes de ese encuentro, el caso Bravo estuvo en la agenda de los funcionarios diplomáticos, él mismo les agradecería por “sus esfuerzos para obtener su liberación”. Para la Embajada era un “caso de alto interés” y el nombre del docente argentino apareció en decenas de cables enviados a la Secretaría de Estado en Washington sobre la evolución de los derechos humanos en Argentina o panorama en América Latina.

El interés en el caso sobreviene desde el mismo momento de la desaparición: Bravo es secuestrado cuando el dictador y entonces presidente de facto Jorge Rafael Videla estaba de visita en Washington para asistir a la ceremonia de firma del tratado de devolución del Canal de Panamá, ocasión en que se reuniría con el primer mandatario norteamericano Jimmy Carter.

En ese contexto, los reportes enviados por la Embajada vinculan el secuestro de Bravo a la rivalidad Videla-Massera. En el panorama sobre América Latina del 29 de septiembre de 1977, el título de la situación argentina es “Problemas en la Junta” e informa: “Los rumores etiquetan la desaparición de Bravo como un intento de avergonzar al presidente en la cuestión de los derechos humanos precisamente en un momento en que se esforzaba por mejorar la imagen del país”.

Casi un mes después de ese reporte, el 21 de noviembre, el Secretario de Estado Cyrus Vance, la Subsecretaria de Estado de derechos humanos y asuntos humanitarios Patricia Derian, el embajador Raúl Castro y el consejero político de la Embajada Tex Harris se reunieron con el copresidente de la APDH Emilio Mignone y Augusto Conte-Mac Donell. El memorándum de la conversación cita: “La APDH está convencida que la captura del Sr. Bravo por las fuerzas de seguridad fue provocada por el Carta abierta de la Asamblea Permanente al presidente Videla que Bravo firmó, pidiendo volver a los procedimientos legales”.

Y luego destaca otro tramo de los comentarios de Conte: “El presidente Videla dijo entonces que el gobierno argentino planeaba detener las acciones ilegales, pero esto lamentablemente no ha tenido lugar. Por ejemplo, en la detención de Bravo, el gobierno se negó a actuar contra las personas que lo capturaron ilegalmente y, en su lugar, ha cubierto el asunto colocando al Sr. Bravo bajo detención ejecutiva aunque no se presentaron cargos en su contra”, cita el cable de la Embajada.

En un reporte de ese mismo mes de noviembre sobre la evolución de los derechos humanos en Argentina, la Embajada menciona el caso Bravo como una “demostración de la futilidad del actual procedimiento de habeas corpus”.

Inmediatamente, después del secuestro de Bravo, la APDH presentó un habeas que fue rechazado por la justicia en base a la información suministrada por el Ejército que negó formalmente la detención del dirigente. Sin embargo, una semana después, cuando se anuncia  la “reaparición” de Bravo, se declaró que había sido detenido por orden del Jefe del primer cuerpo del Ejército Suárez Mason.

Alfredo Bravo estuvo detenido a disposición del PEN durante diez meses; durante la reunión en la Embajada, aseguró que las condiciones carcelarias eran severas y, sobre las torturas sufridas, mencionó que escuchó “historias en la cárcel de La Plata tan graves que hacían que el tratamiento que él había recibido pareciera moderado”.

“Nos quedamos asombrados con el informe de Bravo en el que él mismo indica cómo soportó los interrogatorios brutales, negando una parte sustancial de información a sus interrogadores, que él sabía que era verdadera. Nosotros no sabemos qué hacer con esto, y en el presente sólo puedo decir que Bravo de hecho debe ser un hombre extraordinario”, comentaba la Embajada a modo de conclusión del memorándum de la conversación.

El 16 de junio de 1978, Alfredo Bravo fue puesto en libertad condicional. La información sobre su liberación también fue informada por la Embajada en un reporte semanal sobre evolución de los derechos humanos del 28 de junio. Sobre el asunto, el informe destaca algunas señales dignas de mención de la dictadura militar, entre ellas la libertad de Bravo y la invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para visitar el país.

Estas medidas ocurrieron en un contexto especial: en el país se realizaba el mundial de fútbol y para el gobierno militar era una ocasión para mostrar hacia el exterior la imagen de un país unido y ocultar los crímenes de Estado ante la constante presión internacional por las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.

Esa situación no escapa de la mirada de la Embajada, en el mismo reporte que señala mejoras notables, advierte: “Podremos evaluar mejor el impacto de estos pasos después de la terminación del ambiente artificial creado por la competencia de fútbol de la Copa Mundial”.

Tanto cuando estuvo en prisión como a su salida, la Junta Militar le otorgó a Bravo la opción de salir del país. El maestro se negó las dos veces. Por los términos de su libertad condicional, Bravo no estaba autorizado a volver a su empleo como docente en la educación pública, no podía participar ni en su sindicato ni en actividades de derechos humanos; sin embargo, siguió militando y siguió vigilado.

En el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), que también gestiona la CPM, hay registro de su actividad luego de la liberación: su participación en la Comisión Permanente en Defensa de la Educación y la Asociación Argentina de Educación Comparada, su firma en la solicitada publicada en Clarín el 14 de abril de 1981 para exigir que se publiquen las listas de desaparecidos y se libere a los detenidos.

Los legajos integran las mesas de factor estudiantil o delincuente subversivo y tiene tres fichas personales, la última es del 94, una muestra de cómo en democracia siguió siendo vigilado por la agencia de inteligencia bonaerense. También es un reflejo de las nuevas militancias: en los antecedentes sociales de esa última ficha personal se señala que integra la Comisión anti-excesos policiales.

Desde el año pasado, a partir de un convenio con el National Security Archive y la universidad de William & Mary, la CPM gestiona el archivo de los 43 mil páginas de 4.900 documentos desclasificados por Estados Unidos. Este 11 de septiembre, en el día del maestro, compartimos por primera vez los documentos del caso Bravo en homenaje a un docente y un dirigente íntegro y digno. Todo el seguimiento de la Embajada a su situación no hace más que confirmar esos atributos humanos que mantuvo durante toda su vida.

Alfredo Bravo murió el 26 de mayo de 2003, a los 78 años. Las torturas durante esos 11 días de interrogatorio en 1977 le dejaron secuelas físicas.

Mirá la versión completa y traducida del memorándum de conversación

*Este trabajo forma parte de las tareas colaborativas que se realizan en el marco del convenio entre la Comisión por la memoria, la Universidad William and Mary y el National Security Archive, con el objetivo de difundir en Argentina y Estados Unidos el contenido de los archivos desclasificados. El equipo que trabajó en este caso está integrado por:

Profesores William & Mary: Silvia Tandeciarz y Maria Celeste Cabral

Estudiantes William & Mary: Grayson Cox, Julia Kun, Megan Leu, Max Minogue, Johanna Weech, Rebecca Weinberg, Idan Woodruff, Caroline Brown, Meg Cuca, Jasmine Howard, Mackenzie Krol, Lorena Meruvia, Sean Doyle, Soleil Ephraim, Benjamin Hotchner, Kirsten Magaard y Emma Manring.

National Security Archive: Carlos Osorio, director del proyecto de documentación del Cono Sur del NSA

Equipos CPM

LOS DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS

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