Desde la implementación del protocolo antipiquetes, la Comisión Provincial por la Memoria monitoreó el despliegue de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones públicas. Esta labor se realizó en nuestro carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura, en el marco del trabajo articulado con el Comité nacional para la prevención de la tortura y el Mecanismo local de CABA.

Este segundo informe especial reúne la información relevada durante el primer semestre de 2025 a partir de las tareas de monitoreo del despliegue policial en 39 movilizaciones, en 21 de ellas  se produjeron episodios represivos. Es decir, más de la mitad de las movilizaciones fueron reprimidas.

Si se tiene en cuenta que el año pasado se reprimieron 3 de cada 10 manifestaciones, estos datos de 2025 dan cuenta de una decisión político-institucional de responder aún con más violencia y represión a los reclamos de amplios sectores de la sociedad, en particular de los sectores más vulnerables como el caso de los adultos mayores.

El monitoreo de estos primeros seis meses del año confirman el aumento exponencial de la represión a la protesta social: en sólo seis meses hubo más personas heridas y detenidas en la movilización que en todo el 2025.

En todas las manifestaciones se registró un despliegue policial desproporcionado en número y recursos en relación a la cantidad de manifestantes convocados, tanto en el lugar de la concentración como en las zonas aledañas. En distintas marchas llegaron a duplicar y hasta triplicar la cantidad de participantes. El objetivo principal de las fuerzas de seguridad se centró en el control del espacio público y la aplicación extralimitada y arbitraria del denominado protocolo antipiquetes, llegando a reprimir sobre las veredas y las plazas.

Las fuerzas federales –Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria– y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires utilizaron contra las y los manifestantes armas menos letales de manera irracional y desproporcionada, sin respetar los protocolos de usos. Dispararon con postas de goma a corta distancia y contra zonas vitales, arrojaron gases químicos sobre los rostros, lanzaron agua a presión, y golpearon con tonfas y escudos.

Al menos 1.251 personas fueron heridas, 36 más que en todo el año 2024. Las víctimas tuvieron lesiones de distinta gravedad, dos de ellas muy graves: uno perdió la visión de su ojo, el otro, el fotoreportero Pablo Grillo, estuvo internado en terapia intensiva durante 83 días, con una fractura de cráneo producto del impacto con una bomba de gas lacrimógeno; aún hoy, Grillo continúa internado recuperándose de las graves lesiones.

Entre las víctimas, hubo 132 adultos mayores y 4 niños, niñas y adolescentes, 179 periodistas que cubrían los hechos y al menos 20 defensores de derechos humanos, entre ellos integrantes del equipo de monitoreo de la CPM, que desempeñaban tareas de control del despliegue policial.

También hubo más detenciones en estos meses que en todo el año anterior: 130 contra 93. Como ocurrió en el primer año, se trató de detenciones arbitrarias, sin las mínimas garantías legales, en muchos casos sin informar los motivos ni los lugares de las detenciones. Entre las personas detenidas había periodistas, vendedores ambulantes, dos jóvenes, y transeúntes que pasaban por el lugar sin tener participación alguna con las manifestaciones.

Por otra parte, a pesar de la gravedad de estos hechos, de la documentación de la represión y sus consecuencias, los funcionarios responsables de estos actos de violencia estatal gozan de impunidad: las causas penales iniciadas están todas en etapa sin instrucción sin mostrar avances significativos y los sumarios internos administrativos menos, muchos de ellos incluso ya se cerraron absolviendo de responsabilidades a los agentes de las fuerzas de seguridad.

El despliegue de esta aceitada maquinaria represiva ilegal, sostenida por el Gobierno nacional, tiene por objetivo generar el temor en quienes se manifiestan y limitar la participación. La institucionalización de la violencia, su legitimación, defensa y celebración generan una fuerte degradación del sistema democrático y sus instituciones.