Lejos de disminuir, el gobierno de Javier Milei y de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires siguen incrementando la represión a la protesta social para disuadir el repudio callejero y malestar que generan las políticas socioeconómicas de la gestión del Estado nacional.
En diciembre de 2023 el Ministerio de Seguridad de la Nación dictó la resolución 943/2023, conocida como “protocolo antipiquetes”. En estos dos años la CPM monitoreó 139 movilizaciones o protestas sociales para controlar el despliegue de las fuerzas de seguridad y la represión ejercida en estos contextos.
Según el tercer informe publicado este viernes, lo relevado a lo largo de estos dos años permite advertir que la represión “ha sido sistemática pero selectiva, a partir de una política planificada y repetida que tiene por objeto limitar el ejercicio del derecho a la expresión y la manifestación pública de la disidencia frente a las políticas del oficialismo, ya sea por los movimientos sociales, sindicales y políticos”.
De las 139 movilizaciones monitoreadas, en 51 se produjeron eventos represivos: un 37% del total. La violencia represiva se duplicó entre el primer y el segundo año de gobierno de La Libertad Avanza: de 17 manifestaciones reprimidas (un 28% del total) en 2024, a 34 (un 43% del total) en 2025. Durante el primer año de gobierno de Javier Milei el objetivo principal de la represión fueron las movilizaciones con fuerte componente de las organizaciones sociales o piqueteras. En el segundo año el blanco pasaron a ser las agrupaciones de jubilados que se movilizan los miércoles frente al Congreso.
Las personas heridas fueron al menos 1.369 en 2025 contra 1.216 del 2024, es decir 153 mas de un año al otro, totalizando 2.585 en todo el período. Los 184 trabajadores de prensa afectados por la represión (14 %), duplicaron los 98 relevados (un 8%) en 2024.
En las movilizaciones convocadas por organizaciones de jubilados y jubiladas se registraron entre las personas heridas a grupos especialmente vulnerados, como adultos mayores. Los 155 casos relevados en 2025 cuadruplicaron los 42 del año 2024. Por otro lado, este año padecieron lesiones 5 niños y jóvenes de 4, 8, 13, 14 y 16 años, todos afectados por gas spray irritante, mientras que en 2024 habían sido cuatro.
Las defensoras y defensores de derechos humanos que monitoreaban las manifestaciones (varios integrantes de la CPM) también fueron alcanzados por la represión, en muchos casos dirigida de manera intencional sobre ellos. Fueron 20 casos, casi la misma cantidad de 2024.
El despliegue de violencia de las fuerzas de seguridad incluyó la utilización de armas con postas de goma disparadas a quemarropa o escasos metros contra el rostro o torso de las personas incumpliendo los protocolos vigentes, gas pimienta o irritante lanzado a corta distancia en el rostro de personas seleccionadas arbitrariamente, con afección directa de las vías aéreas superiores o la vista, o bien al aire para afectar a varias; disparos cinéticos con gas pimienta o químicos realizados con pistolas o escopetas Byrna; granadas de gas lacrimógeno lanzado con escopetas-morteros hacia la concentración afectando a cientos de personas –muchas veces de manera recta lo que se encuentra prohibido-; agua a presión lanzada por camiones hidrantes; golpes con bastones y tonfas contra los manifestantes.
El 12 de marzo de 2025 se registró el despliegue represivo más grande de los monitoreados hasta la fecha por el equipo de la CPM, con un total de 672 personas heridas. Entre los casos que revisten gravedad en esa jornada se encuentran Jonathan Leandro Navarro y Rodrigo Troncoso, quienes perdieron la visión de un ojo por el impacto de balas de goma. En 2024 dos personas padecieron las mismas lesiones: Matías Aufieri, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), y Claudio Astorga. Estos episodios demuestran que al menos cuatro personas recibieron disparos de postas de goma realizados a corta distancia y de manera directa sobre su rostro, lo que está claramente prohibido.
Ese mismo día ocurrió el caso que reviste mayor gravedad hasta la fecha: la herida provocada al fotógrafo Pablo Grillo, afectado por el impacto de una granada de gas lacrimógeno arrojado por un efectivo de la Sección de Empleo Inmediato de GNA, identificado posteriormente como Héctor Jesús Guerrero, que le provocó un traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica. A raíz de esta lesión, permaneció 83 días en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y actualmente se encuentra en un proceso de rehabilitación.
Las detenciones arbitrarias también aumentaron un 77 %. Del total de 258 detenciones realizadas por las fuerzas de seguridad federales y de CABA en estos dos años, 165 se produjeron en 2025 superando las 93 del 2024. En la mayoría, producidas durante la desconcentración de las manifestaciones, se imputaron figuras delictivas como atentado y resistencia a la autoridad o daños. Entre las personas detenidas había trabajadores de prensa de diferentes medios gráficos, trabajadores de venta ambulante, personas en situación de calle y jubilados.
Todo este andamiaje represivo implicó el despliegue de las fuerzas federales (Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria) y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Además del ejercicio de la violencia directa sobre los manifestantes, durante los operativos las fuerzas también la realización de tareas de inteligencia ilegal relevadas en un 69 % de las marchas y la portación de armas de fuego con balas de plomo, prohibidas para estos ámbitos, que fueron relevadas en el 78% de estos operativos.
Incumplimiento sistemático
En estos dos años, la Comisión por la Memoria realizó 37 denuncias penales ante diferentes juzgados federales. También se presentaron habeas corpus colectivos preventivos e informes y requerimientos a los organismos internacionales de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano (OEA) y del Sistema Universal de Naciones Unidas (ONU). En el periodo analizado se observa un evidente incumplimiento del deber estatal de garantizar las manifestaciones públicas y pacíficas. A este deber se suma el de garantizar principios elementales y reglamentos o resoluciones para limitar y encuadrar legalmente el uso de la fuerza en el contexto de las manifestaciones y que, según lo relevado, se han incumplido de manera sistemática.
Por el contrario las resoluciones sancionadas por el Ministerio de Seguridad de Nación fueron en sentido contrario: ampliando facultades discrecionales de las fuerzas de seguridad sin respetar las salvaguardias necesarias para impedir la limitación del derecho a la protesta.
También se destaca el incumplimiento del poder judicial de investigar de manera pronta, exhaustiva, adecuada, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza en el marco de manifestaciones y protestas. El informe da cuenta de la limitación arbitraria de garantías democráticas esenciales que, a partir del incremento exponencial y paulatino de la represión, afecta derechos reconocidos legalmente e integran los principios republicanos constitutivos de nuestra institucionalidad.
En este despliegue represivo que se agravó el último año se confirma un avance de procesos autoritarios que limitan la democracia y el ejercicio de derechos constitucionales. Esta restricción en las garantías legales para expresar la disidencia, no puede disociarse del claro objetivo del gobierno de implementar políticas que profundicen la desigualdad y el deterioro progresivo del acceso a derechos de la mayoría de la población.
El menosprecio recurrente al rol del Estado como garante de derechos por parte del Presidente de la Nación es un claro indicador de la orientación del actual gobierno en materia de derechos humanos. Este posicionamiento está lejos de inscribirse en las tolerables diferencias y perspectivas que pueden darse en una democracia plural. Por el contrario, es un rasgo que la vulnera y resiente.
Frente a estas políticas, los organismos integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura vienen realizando el monitoreo in situ de las manifestaciones. Estas acciones se desarrollan de manera conjunta entre la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en tanto Mecanismo Local de Prevención de la Tortura bonaerense, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) y el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura-Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MLPT-CABA).