El jueves pasado Alejandro Martínez (35) fue detenido por la policía bonaerense en un hotel de San Clemente del Tuyú. Fue trasladado a la comisaría de esa localidad donde falleció horas después. Tras la autopsia 9 agentes de la bonaerense fueron detenidos. Había sido detenido días antes por agentes de la misma comisaría por un cuadro de salud mental e internado en el hospital. En esta nueva crisis fue alojado en la comisaría donde fue golpeado y asesinado, mientras permanecía alojado solo en un pasillo. La Comisión por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se presentó como particular damnificado institucional.
La Comisión por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se presentó como particular damnificado institucional ante el juzgado de garantías N. 4 del Municipio de la Costa, en la causa caratulada como homicidio y que investiga la muerte de Alejandro Martínez (35), el jueves pasado en la comisaría de San Clemente del Tuyú.
Según el relato policial, Martínez fue detenido en un hotel de esa ciudad, tras una denuncia por disturbios, con un estado de alteración producto del consumo de estupefacientes. La policía afirma que intentó trasladarlo al hospital, pero el personal de salud en turno denegó la internación esgrimiendo una resolución de la la dirección del nosocomio que restringe el ingreso de 0 a 8 hs, lo cual se ser así también debe ser investigado. Siguiendo con el relato oficial, Martínez fue llevado a la comisaria y allí se habría recostado sobre un colchón y después de 10 minutos dejó de responder. Luego de esto, los oficiales que se encontraban en el lugar constataron la ausencia de signos vitales.
Igual que sucedió hace unos días con el asesinato de Lucas González, la policía intentó imponer una versión oficial para deslindar su responsabilidad en los hechos y lograr impunidad. Pero las investigaciones posteriores empiezan a rebatir con datos y pruebas concretas ese relato.
En el caso de San Clemente del Tuyú la autopsia realizada en la morgue del Ministerio Público de Lomas de Zamora permitió constatar que el cuerpo tenía golpes y signos de asfixia. El testimonio de otra persona que estaba detenida en la comisaría también pone en dudas el relato oficial al indicar que varios policías pusieron a Martínez contra el piso y lo golpearon.
Estos elementos permitieron que rápidamente la investigación judicial tomara otro curso y la causa fue recaratulada como homicidio. Ayer sábado fueron detenidos 9 agentes de la Policía Bonaerense vinculados a la comisaría de San Clemente del Tuyú.
Martínez había sido detenido en dos oportunidades en los días previos. La primera fue en la madrugada del 14 de noviembre. Según la policía se encontraba “eufórico e intoxicado” y por ese motivo lo trasladaron al hospital municipal. Luego de unas horas internado fue dado de alta. Ese mismo día por la noche fue nuevamente detenido y permaneció en la comisaría hasta el 17 de noviembre.
Estos antecedentes, y según lo que se desprende del propio relato policial, ponen en evidencia que la víctima se encontraba bajo un cuadro de padecimiento mental que debía ser abordado de manera específica con herramientas de contención adecuadas por personal del Ministerio de Salud. Pero una vez más, y como hemos denunciado en tantos otros casos, se muestra la ausencia de protocolos y estrategias de este tipo en los agentes policiales, prevaleciendo siempre la violencia como modo de abordaje de estas situaciones conflictivas. Esa violencia desplegada como única estrategia de intervención termina en la muerte o torturas de personas que padecen una enfermedad y deben ser tratadas como pacientes.
Martínez se encontraba bajo custodia de los funcionarios policiales que debieron cuidarlo y dejarlo en manos de personal de salud y de ningún modo detenerlo y alojarlo en la comisaría. La golpiza de Martínez y su asesinato por asfixia da cuenta de la brutalidad policial que de múltiples formas se expresa cotidianamente.
En 2019, el titular de la comisaría de San Clemente del Tuyú, Roberto Fernando Romero, había sido separado de su cargo tras ser denunciado por torturar en un calabozo a una mujer de 35 años con padecimientos mentales y problemas de adicción.
Las graves violaciones de derechos humanos de parte de las policías y fuerzas de seguridad, son deudas de la democracia que deben ser abordadas con políticas públicas tenientes a la prevención, sanción y asistencia a las víctimas.