La designación por decreto de los jueces de la Corte Nacional, aduciendo que no funciona el Poder Legislativo, cuando en realidad el tratamiento que se viene desarrollando no le resulta favorable, es un ataque directo a la división de poderes. A esto se suma una preocupante decisión de gobernar casi exclusivamente por decretos de necesidad y urgencia, lo que socava la legitimidad de los restantes poderes. Se arroga atributos de la función pública que exceden su mandato legal, característica central de los regímenes autoritarios.
En declaraciones actuales amenaza con intervenir la provincia de Buenos Aires para resolver los problemas de inseguridad; pide la renuncia al gobernador Axel Kicillof y lo acusa de ser el responsable de un “baño de sangre”. No sólo es una bravuconada más, es un claro acto destituyente que se inscribe en el ataque constante y sistemático de miles de trolls pagos en las redes sociales y operadores mediáticos que pretenden acusar a los “derechos humanos” de defender actos ilícitos de extrema gravedad.
La ocurrencia de estos hechos que han conmocionado a la sociedad toda (entre ellos la muerte violenta de una niña de siete años, cuyos responsables son adolescentes) exige la máxima seriedad para poner en marcha políticas claras que eviten su ocurrencia. No sólo de política criminal sino también de otros dispositivos estatales que han estado ausentes, como los organismos públicos que deben prevenir y asistir las múltiples violencias de nuestras niñeces.
Es inadmisible y obsceno que el presidente de la Nación utilice este hecho para su provecho político y para imponer pretendidas soluciones (“tolerancia cero”) que ya se han implantado en la Provincia sin ningún resultado.
La República Argentina y la provincia de Buenos Aires se encuentran afectadas por un crecimiento constante de redes delictivas que sostienen negocios ilegales complejos. La policía bonaerense, al igual que las restantes fuerzas de seguridad de nuestro país, es parte de la regulación del delito en los territorios. Nuestro pueblo padece del uso constante de la violencia estatal en todos los niveles: la represión sistemática de la protesta social por parte del gobierno nacional, la práctica sistemática de tortura por todas las fuerzas de seguridad y en los lugares de encierro, la continuidad de casos de «gatillo fácil» como el ocurrido en Mar del Plata hace pocos días por la policía provincial o los delitos cometidos por la Patrulla Municipal con aval del intendente en la misma ciudad.
Los poderes judiciales provinciales y federales han dejado de ser los garantes del cumplimiento de la ley y, en general, se pliegan y avalan estas políticas sin poner los límites que su función les obliga.
La democracia está cada vez más debilitada. Es urgente que todas las fuerzas políticas, dirigentes y organizaciones democráticas y republicanas se expresen repudiando al Presidente por sus políticas autoritarias, que intentan socavar el sistema republicano de gobierno, entre ellas la amenaza de un golpe destituyente al gobernador de la provincia de Buenos Aires.
No hay lugar para las mezquindades y la especulación política.