Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la
Provincia de Buenos Aires (Ley Nacional 26.827)

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su carácter de Mecanismo local de Prevención de la Tortura, conjuntamente con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, realizó inspecciones a comisarías bonaerenses: la 3ª de Quilmes y la 2ª de Virrey del Pino. Ambas están alcanzadas por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, siguen alojando personas en condiciones que generan riesgo de vida crítico. Los índices de sobrepoblación y hacinamiento extremo, sumadas a las atroces condiciones de detención, se constituyen torturas y malos tratos que se agravan frente a la falta de mecanismos de control y cuidado para atender situaciones ocasionadas por la pandemia del COVID-19. Con 5.480 detenidos en 1.199 plazas, se alcanza una sobrepoblación récord de los últimos 15 años.

Un primer dato sirve para ilustrar la grave crisis humanitaria que atraviesa a las comisarías bonaerenses: este mes de agosto registró un récord de sobrepoblación y hacinamiento extremo en comisarías de la provincia de Buenos Aires que ascendió al 357 %.  

Los 5.480 detenidos en 1199 cupos disponibles, que tampoco cumplen con estándares internacionales de derechos humanos, representan un déficit estructural complejo que promueve la violencia y habilita la vulneración sistemática de los derechos de las personas detenidas. 

Frente a este panorama generalizado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de prevención de la Tortura, y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) realizaron de manera conjunta inspecciones a las comisarías 3ª de Quilmes y 2ª de Virrey del Pino. Pese a los pedidos de clausura y las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se constató que continúan funcionando en condiciones de extremo hacinamiento y deshumanización.

La comisaría 3ª de Quilmes está actualmente alcanzada por una medida cautelar de la CIDH que en 2019 prohibió su funcionamiento y además se encuentra clausurada por una orden judicial de junio de 2020. Antes de esta clausura el cupo disponible era de 12; en la inspección realizada entre la CPM y el CNPT, se constató que había 52 personas detenidas, lo que implica un 333 % de sobrepoblación.

Las 52 personas detenidas conviven en dos celdas colectivas y cuatro individuales. Comparten un sector común que es un espacio cerrado, sin ingreso de luz natural ni ventilación. El encierro y la humedad densa dificultan la respiración. Todos comparten un único inodoro. Para dormir se reparten entre camastros de cemento y el piso. Según informó el comisario sólo hay 10 colchones. Así que la mayoría duerme sobre mantas o deben turnarse para hacerlo.

En estas condiciones, la alimentación adecuada prácticamente no existe y la comunicación con el exterior depende de un único teléfono que es llevado a los internos a requerimiento.

El caso de la comisaría 2ª de Virrey del Pino no es muy diferente. Si bien no tiene clausura judicial, sí se encuentra alcanzada por una medida cautelar de la CIDH de 2016 que prohíbe el alojamiento de personas. Antes de esta decisión había cupo para 8. Durante la inspección conjunta se constató que había 33 personas detenidas, es decir un 312 % de sobrepoblación.

Además de la sobrepoblación, hacinamiento y condiciones inhumanas de detención, se comprobó particularmente la evidente ausencia de mecanismo de control y cuidado respecto de situaciones de riesgo vinculadas con la pandemia de COVID-19. Las personas que ingresan detenidas son alojadas en celdas donde ya hay otras personas sin que se les aplique ningún protocolo preventivo.

Cabe señalar que en ambas comisarías, la mayoría de las personas se encuentran allí por delitos menores y han permanecido detenidas más tiempo del que se establece por ley; varias de ellas durante muchos meses llegando a casos que superan el año de detención en comisarías.

Lo constatado ayer en Quilmes y Virrey del Pino no es una excepcionalidad sino una muestra del grave estado estructural en que se encuentran las comisarías en la provincia de buenos Aires. La continuidad del alojamiento de personas violando lo que establece la justicia y recomiendan los organismos internacionales no sólo constituye una grave ilegalidad sino que se impone como una política que habilita la vulneración sistemática de los derechos humanos y expone a las personas detenidas al deterioro de sus condiciones de vida y las ubica en un serio riesgo de muerte.

Las masacres ocurridas en los últimos años en la comisaría 1ª de Pergamino y las 3ª de Esteban Echeverría que produjeron las muertes de 17 personas fueron la consecuencia más extrema de este sistema que bajo estas condiciones produce diariamente nuevas víctimas. Es imperioso y urgente que el Estado provincial tome definiciones políticas que contribuyan a revertir estas graves violaciones de derechos humanos.

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