Cerca de 200 referentes, trabajadores y trabajadoras de los sitios participaron el pasado fin de semana del V encuentro nacional de espacios y organizaciones de memoria que realizó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en Chapadmalal. Experiencias de organización, balances de gestión y desafíos de los sitios de memoria en la coyuntura nacional y regional marcada por la emergencia de discursos que cuestionan las políticas de memoria y el campo de los derechos humanos. Las jornadas se realizaron en simultáneo con el VII encuentro nacional de familiares y víctimas de la tortura y otras violencias estatales para propiciar un espacio de diálogo entre los relatos del terrorismo de Estado y el de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en el presente.
En las últimas décadas Argentina fue reconocida internacionalmente por el desarrollo notable de institucionalización de las políticas de memoria y derechos humanos, en materia de juicios, reparación, sitios de memoria y archivos. El Estado asumió las demandas, impulsadas en un primer momento por los organismos de derechos humanos históricos, y las convirtió en política pública.
“A más de 20 años de la derogación de las leyes de impunidad, a 10 años de la promulgación de la Ley Nacional de Sitios, es el momento de pensar la institucionalización en la coyuntura política actual. Esos marcos normativos nos garantizaron un piso pero no nos garantizaron que el techo no baje, y hoy ese techo está bajando. El campo de los derechos humanos tuvo una legitimidad política muy amplia, hoy esa legitimidad es cuestionada, sus referentes son públicamente agredidos, esto no pasaba hace 10 años. Esas voces son parte de nuevas construcciones políticas de derecha en Argentina y el desafío que tenemos es cómo hacemos, desde esa institucionalización, políticas para ampliar el círculo de personas que se referencian y legitiman los derechos humanos como constitutivos de la democracia. Hay que ampliar la agenda y sumar actores”, resumió la directora general de la CPM Sandra Raggio.
En esa coyuntura nacional y regional marcada por el ascenso de gobiernos y discursos de derecha, la Comisión Provincial por la Memoria realizó el pasado fin de semana en Chapadmalal el V encuentro nacional de espacios y organizaciones de memoria. Cerca de 200 referentes, trabajadores y trabajadoras de 28 sitios de memoria y 32 organizaciones de todo el país compartieron tres días de reflexión y debate para pensar las trayectorias y desafíos de la gestión de los sitios en este momento.
En simultáneo y compartiendo mesas de trabajo con los y las participantes del VII encuentro nacional de familiares y víctimas de la tortura y otras violencias estatales, los y las referentes de los espacios de memoria coincidieron en señalar que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos del presente deben ser parte de los nuevos relatos y agenda que construyen los sitios.
“Consideramos fundamental este encuentro entre los espacios y organizaciones de memoria con las organizaciones y víctimas de las violencias estatales actuales, para construir una perspectiva de derechos humanos que no disocie las violaciones a los derechos humanos del pasado con las del presente. Desde la Comisión trabajamos hace años para fortalecer las organizaciones de familiares, promover voces que sean escuchadas por nuestra sociedad y que esta asuma que una la democracia no puede convivir con estas graves violaciones de derechos humanos”, señaló el secretario de la CPM Roberto Cipriano.
“Desde los sitios de memoria, habitados por las víctimas de la dictadura, tenemos el deber de dar lugar a estas nuevas víctimas. Y tenemos el deber también de darle protagonismo a las nuevas generaciones para decir en primera persona qué les está pasando, cuáles son las nuevas vulnerabilidades”, agregó Alejandra Cavacini del Museo de la Memoria de Rosario.
A 10 años de la Ley Nacional de Sitios de Memoria, su institucionalización plantea hoy desafíos no sólo políticos sino también en torno a la gestión de los espacios que, en la mayoría de los casos, funcionan con poco presupuesto y con planteles de trabajo precarizados. A pesar del marco normativo, tampoco el financiamiento alcanza para cumplir con las tareas de restauración y preservación de los espacios e, incluso, muchos de los lugares que fueron centros clandestinos de detención siguen en poder de las fuerzas militares o de seguridad.
“Hubo un fuerte desarrollo de los espacios que se recostó en el voluntarismo de las organizaciones y el compromiso de trabajadores y trabajadoras, pero esa precarización y falta de institucionalización genera, indudablemente, deficiencias en la gestión institucional que empieza a cerrarse y termina propiciando la desvinculación de esos espacios con los equipos de trabajo”, reseñó Joan Portos del Faro de la Memoria de Mar del Plata. Y agregó: “Tenemos que pensar una refundación de las modalidades de gestión, que es compleja, que debe pensar en la factibilidad de las mismas, pero que debe partir de una premisa que es la distinción entre Estado y gobierno. Hay una fuerte incomprensión por parte de las organizaciones políticas de lo que son los espacios de memoria, muchas veces nos terminan leyendo como lugares partidarios de alguna organización, y eso es un problema para pensar una política pública trascendente, de largo plazo y, sobre todo, ante los cambios de gobierno”.
Las jornadas del encuentro también contaron con la participación de las integrantes de la CPM Laura Ginsberg y María Sonderéguer y de funcionarios y referentes de espacios de memoria de Chile y Uruguay. Países donde el desarrollo de las políticas públicas de memoria es muy lento e incipiente.
“En Chile las políticas de reparación por parte del Estado han sido reactivas a la demanda de los organismos de derechos humanos, pero fue discontinua. Todavía hoy no tenemos una ley de sitios”, dijo Francia Jammet Pizarro de Encargada Nacional de la Unidad de Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.
En el país trasandino se identificaron 1168 lugares de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura pinochetista; muchos de esos edificios ya fueron destruidos y sólo 42 fueron reconocidos como monumento histórico que permite su preservación patrimonial. “De ese total, 5 sitios tienen financiamiento pero sólo dos, Villa Grimaldi y Londres 38, se aproximan a tener un presupuesto acorde a los requerimientos de gestión en término de restauración y conservación, gestión cultural y archivística. El resto debe ajustar el plan de gestión al presupuesto ínfimo que reciben de manera discrecional”, describió Jammet Pizarro.
La actual coyuntura política del país y la región también impacta en esto espacios, que fueron una referencia en la observancia de los derechos humanos durante la revuelta popular que comenzó en 2019; desde ese momento, hubo más de 20 ataques a los memoriales y sitios señalizados en el país.
Mariana Mota, como jueza del fuero penal de Montevideo, investigó decenas de denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en Uruguay; en 2013, fue desplazada, de manera arbitraria por la Corte de Justicia nacional, al fuero civil. Actualmente, es parte del consejo directivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), que está emplazado en el único sitio de memoria abierto al público del país oriental: el edificio donde funcionó el Servicio de Información de Defensa.
“Con la movilización y congregación de víctimas y ex presos políticos se logró la sanción de la Ley de Sitios en 2018, que conformó la Comisión nacional honoraria de sitios como el ente que define la declaración de un sitio como tal, pero luego recuperar el espacio es una cuestión difícil porque no hay apoyo estatal. En la mayoría de los casos, sólo se coloca una placa y los lugares siguen en mano de los perpetradores, siguen siendo lugares de las fuerzas militares”, resume Mariana Mota.
Recién este año, la Comisión de sitios recibió presupuesto para ayudar a la sustentabilidad y gestión de los sitios; el presupuesto se dividió entre tres sitios que se presentaron, pero se trató de un sustento económico muy menguado.
La referente del INDDHH agrega un desafío central de los sitios en la actualidad: romper con la falta de conocimiento por parte de la sociedad uruguaya de lo que ocurrió. “La historia oficial impuso un conocimiento imparcial, un relato de los años de dictadura como una situación entre dos bandos y la sociedad olvidada en ese relato, un relato que impide que se conozca qué grado de afectación tuvo el proceso dictatorial en la sociedad”.