A 10 años de ocurridos los graves delitos por los que se encuentra procesado el Fiscal Claudio Scapolan, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios presidido por la Dra. Ana María Bourimborde e integrado por los conjueces legisladores Senador Juan Pablo Allan (Juntos), Diputado Daniel Andrés Lipovetzky (Juntos), Diputado Walter Carusso (Espacio Abierto Juntos),  Senadora Sofía Vanneli (Frente Renovador -Todos) y Diputada María Eugenia Brizzi (Juntos) y los conjueces abogados Dres. Carlos Fernando Valdez, Héctor Benito Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Emilio Spinelli, resolvió por mayoría -el 23/02- convocar para el día 28 de marzo del corriente año la realización de la audiencia de juicio político contra el Agente Fiscal, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas del Departamento Judicial de San Isidro, en los expedientes S.J. 368/16 y S.J. 605/21.

El Fiscal Scapolan fue apartado preventivamente por mayoría del Jurado atento a los graves delitos por los que se encuentra imputado, a partir de la muy seria y rigurosa investigación judicial llevada a cabo por el Fiscal Federal de San Isidro, Dr. Fernando Domínguez y el procesamiento dictado por la Jueza Federal de la misma ciudad, Dra. Sandra Arroyo Salgado, en el marco de la causa FSM 36447/16 caratulada: “NN s/ infracción a la ley 23. 737”, donde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) es querellante institucional.

Los graves delitos por los que se lo imputa y que fueron cometidos durante su función fueron: asociación ilícita en carácter de jefe; instigador de falso testimonio agravado por haber sido cometido en causa criminal en perjuicio de los inculpados; uso de documento público falso; falsedad ideológica de documento público reiterada en dos oportunidades una de ellas en calidad de instigador y la restante en calidad de autor; sustracción de medio de prueba; tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada por haber intervenido tres o más personas organizadas para cometerlas y por haber sido cometido por un funcionario público encargado de la prevención o persecución de este delito, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros.

Estos graves delitos fueron cometidos conjuntamente con al menos 32 personas más, la mayoría efectivos policiales de las Departamentales de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Isidro y Quilmes, abogados de la matrícula que facilitaban los mecanismos extorsivos y falsos testigos de actuación que garantizaban el círculo de impunidad que ostentó esta asociación ilícita durante al menos, los años 2013 y 2014. Solo la “pata policial” será llevada a juicio oral ante los Tribunales Federales de San Martín, quedando aun afuera del proceso penal el Fiscal Scapolan.

Posterior a su procesamiento y en un arbitrario y escandaloso fallo, la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento y dictó su falta de mérito para la mayor parte de los delitos imputados, confirmando solo el delito de falsedad ideológica de documentos públicos en el caso más resonante –caso “Anacona”- donde se comprobó el robo de alrededor de media tonelada de cocaína secuestrada en un procedimiento judicial. Este fallo fue apelado, pero incluso el delito por el que quedó procesado en segunda instancia justifica y hace necesario su apartamiento del cargo.

No obstante la gravedad institucional que rodea el caso, ha trascendido públicamente posibles maniobras dilatorias originadas en la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la legislatura provincial, las cuales tendrían como objetivo solicitar dicho expediente para analizarlo, postergando e impidiendo así el inicio del juicio político contra el Fiscal Scapolan.

En su rol querellante, la CPM ha sostenido que los delitos imputados involucran el correcto funcionamiento de instituciones del Estado y la participación de funcionarios de variada jerarquía, que han socavado y comprometido la integridad del Estado de derecho y el sistema democrático. Nos encontramos frente a un caso de gravedad institucional significativa, configurado por distintos hechos de corrupción y violencias estatales, considerando que las personas involucradas -y en muchos casos procesadas y confirmadas por el Tribunal en el marco de la causa-, fueron o son funcionarios públicos encargados de perseguir delitos como los que han cometido.

Es por ello que este organismo manifiesta su profunda preocupación ante la posibilidad de maniobras políticas que pongan en riesgo el inicio del proceso de enjuiciamiento del Fiscal Scapolan y que tiendan a consolidar su impunidad ante los gravísimos delitos por los que se encuentra acusado, reiterando el pedido de que se lleve a cabo el jury previsto para el próximo 28 de marzo.

A 40 años del fin de la última dictadura cívico militar es imprescindible el pleno compromiso de todos los sectores políticos democráticos para sanear el funcionamiento de las instituciones garantes de la plena vigencia de los derechos constitucionales. De no ser así, se seguirá debilitando la democracia que tanto costó alcanzar.

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