Frente a los hechos de público conocimiento que atraviesan a las escuelas, con una oleada de amenazas de acciones violentas, se ha puesto en el centro del debate cómo debemos intervenir.
Estos acontecimientos no se inscriben en el vacío o son una irrupción sorprendente del malestar, sino que deben pensarse como emergentes de una situación extremadamente crítica de las sociedades actuales y en particular de nuestro país.
En un contexto de guerra que arrasa pueblos enteros, incluyendo a miles de niños y niñas, destruye escuelas y hospitales, no solo se suman y proliferan discursos violentos que amenazan y siembran odio sino que se implementan políticas de gobierno que despojan derechos, que dejan en la intemperie y el desamparo a los sectores más vulnerados. Ese es el escenario que genera las condiciones de lo que hoy está pasando.
Hacemos referencia al contexto de emergencia para dar cuenta que la respuesta no debe quedarse en la urgencia ni actuar solo buscando a los responsables individuales, sean estudiantes, docentes o padres. El paradigma punitivo no solo no alcanza sino que, como única respuesta, agrava el círculo.
Es importante investigar cómo fue diseñada y lanzada esta andanada de amenazas, cual es la usina ideológica y política que la alienta. Al mismo tiempo es imperioso desplegar medidas urgentes y estructurales que afronten la crisis que atraviesan las políticas públicas de cuidado y protección.
Los sectores juveniles y de la infancia son de los más alcanzados por la crueldad y brutalidad de este presente. La precarización de la vida material y cultural, la trama de violencias vertebradas por la pobreza, las políticas públicas que no se hacen cargo de la profundidad de sus padecimientos, enmarcados en discursos estigmatizantes, de odio y frustración, es lo que se expresa hoy en estos hechos.
Cada año las y los jóvenes que participan del Programa Jóvenes y Memoria lo dicen, lo denuncian, lo anuncian: depresión, consumos problemáticos, relaciones violentas, falta de perspectivas futura, trabajo infantil y condiciones de vida precarias, violencia policial, un largo listado que sin dudas debe ser la agenda pública central y no un escándalo que dure unos días hasta que se aplaque la crisis aguda.
Las políticas para la niñez deben ser parte central de la agenda actual. Contar con presupuestos adecuados para contener los problemas de salud mental y consumos problemáticos, generar oportunidades verdaderas, espacios de contención y acompañamiento, de desarrollo integral que permita imaginar futuros de inclusión y oportunidades. No se puede “hacer la plancha”, no hacer nada o sostener las estructuras estatales que no solo no hacen lo que deben sino que profundizan las vulneraciones de derechos o violan los derechos humanos.
Cuando acontece un problema social grave que tiene múltiples y complejas raíces, y la única respuesta que imaginamos y concretamos es la punitiva, sepamos que esto no conducirá a su resolución sino a su agravamiento.
Esperamos y reclamamos respuestas claras y no espasmódicas que seguirán acumulando y generando malestar y sufrimiento.