Durante los tres días en que la Cámara de Diputados discutía la Ley “Bases”, las fuerzas de seguridad federales y de CABA montaron en las inmediaciones del Congreso un verdadero operativo represivo que terminó con 23 detenciones arbitrarias, al menos 285 personas con lesiones producidas por los golpes con tonfas, disparos con postas de gomas y gases lanzados indiscriminadamente contra manifestantes; al menos 35 periodistas y 5 defensores de derechos humanos sufrieron agresiones policiales. En carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, junto al Comité Nacional de Prevención de la tortura y el Mecanismo de CABA, la Comisión Provincial por la Memoria monitoreó el despliegue y uso de la violencia por parte de las fuerzas y presentó un informe a la Cámara de Diputados reclamando que se tomen medidas para impedir la reiteración de estos hechos. Asimismo se solicita que las modificaciones que se proponen para el Código Penal, previstas para las figuras de atentado, resistencia a la autoridad y legítima defensa, no sean aprobadas, toda vez que consolidarán legalmente restricciones severas al derecho a la protesta social y se darán atribuciones sin el debido control a fuerzas de seguridad que han demostrado en estos días un ejercicio arbitrario, abusivo y violento, contrario a la ley y los Pactos Internacionales vigentes.
Frente a una ciudadanía que se manifestó de manera pacífica frente al Congreso, el Gobierno nacional montó un desproporcionado e irracional operativo de seguridad para aplicar el protocolo antipiquetes, con el objeto de liberar las vías de circulación. Sin embargo, el registro de los hechos de represión demuestran que las fuerzas de seguridad actuaron por fuera de cualquier margen razonable, incluso atacando personas que estaban en las veredas o la plaza y violando todas las recomendaciones de la normativa nacional e internacional en materia de protesta social.
La represión brutal desatada en estas tres jornadas y las declaraciones públicas de la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich dan cuenta de que las fuerzas de seguridad están siendo ordenadas para la consecución de fines políticos partidarios, a través de la puesta en marcha de dispositivos represivos que buscan cercenar la posibilidad de manifestarse y protestar ante las autoridades, un derecho que es garantía del funcionamiento democrático.
En su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la Comisión Provincial por la Memoria –junto al Comité Nacional de Prevención de la Tortura y el Mecanismo local de CABA– monitoreó el despliegue de las fuerzas durante esos tres días de manifestaciones frente al Congreso. Ese dispositivo interinstitucional de control, enmarcado en la ley nacional N° 26.827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, relevó una gran cantidad de hechos de violencia contra manifestantes, ocasionados principalmente por el uso indiscriminado de gas pimienta u otros químicos, disparos de armas de fuego con postas de goma y golpes con palos, bastones o “tonfas”, por parte de la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GN), Prefectura Naval Argentina y Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Según la información de la Posta sanitaria de trabajadores/as de la salud ubicada en la zona del Congreso, durante esos tres días al menos 285 personas sufrieron diferentes tipos de lesiones por la represión.
Durante el primer día de la manifestación, más de 150 personas fueron atendidas por los gases que generaron quemaduras químicas con un dolor severo y lesión de tipo urente. En ese sentido, se observó el empleo direccionado de manera intencional y a corta distancia contra el rostro, generando gran impacto en la vista y vías respiratorias.
En la movilización del 1° de febrero, la represión fue particularmente liderada por el Grupo de Motorizada de la Policía Federal que avanzó contra las y los manifestantes, incluso por encima de la vereda y la plaza, disparando con postas de goma de manera indiscriminada. Durante esa jornada, desde la posta sanitaria informaron la atención de alrededor de 70 personas con heridas producidas por los impactos con postas de goma, muchas de estas encima de la cintura, incluyendo cuello y ojos, esto es, en zonas que está expresamente prohibido disparar por los protocolos de actuación de la fuerza pública y normativas nacionales e internacionales. De todas ellas, 10 personas fueron indicadas como código amarillo por su gravedad. También se atendieron personas por cuadros de afección respiratoria, quemaduras en la piel, traumas en clavícula, testículo, manos y varios esguinces. A una persona un perdigón le perforó al lado de carótida, a otras les impactaron en oídos. Varias personas heridas por arriba de las tetillas. Un jubilado debió ser trasladado por el SAME a un hospital. También se relevaron casos de gas pimienta aplicados en la boca.
El 2 de febrero el dispositivo sanitario atendió 65 personas: 48 de ellas afectadas por gases químicos, 5 con broncoespasmos u obstrucción de vías respiratorias ocasionados por estos productos, 6 personas con cortes en la cara, frente o cabeza y otras 6 con traumatismos en tobillos y muñecas, todas lesiones producidas por golpes con tonfas o palos.
El informe de la CPM presentado a la Cámara de Diputados, también señala con preocupación el ataque, en el marco de la represión, a periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. Esta situación es particularmente grave y contraria a todas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que resalta el papel fundamental de los medios de comunicación en el proceso de rendición de cuentas de hechos de violencia cometidos en protestas sociales y el de los organismos de derechos humanos para la documentación y registro de la violencia estatal.
El caso más grave es el del abogado del CeProDH Matías Aufieri que recibió un disparo en el ojo y fue intervenido quirúrgicamente. Por otra parte, la directora general de la CPM Sandra Raggio recibió el impacto de seis postas de goma, el secretario ejecutivo de la CPM Roberto Cipriano García y el coordinador del área de seguridad y justicia Rodrigo Pomares fueron alcanzados por los gases y la comisionada del Comité Nacional de Prevención de la Tortura Rocío Alconada Alfonsín recibió un puntapié de un policía motorizado. En estos casos, las cuatro personas fueron agredidas cuando estaban cumpliendo la tarea de monitoreo y lo hacían con la identificación correspondiente.
Por otra parte, durante el dispositivo represivo montado en estos tres días se produjeron aprehensiones policiales arbitrarias; todas ellas encuadradas en los tipos penales de Atentado y Resistencia a la autoridad, y a algunos casos se agregó el delito de lesiones. De acuerdo a lo informado judicialmente fueron 14 las personas detenidas, sin embargo la Ministra de Seguridad de Nación y su par de CABA Waldo Wolff declararon públicamente que fueron 31 las detenciones. En un hecho de enorme gravedad institucional, más de 48 horas después de los hechos, las autoridades ejecutivas no respondieron sobre estas diferencias. O hay detenidos sin intervención judicial o hay poca rigurosidad en la construcción de la información que se difunde, en ambos casos resulta grave desde el punto de vista institucional.
El extendido uso de las detenciones arbitrarias mediante el empleo de figuras penales como resistencia a la autoridad que permite amplios márgenes de arbitrariedad a las fuerzas de seguridad en el contexto de una protesta, debe alertar a todo el sistema político porque constituye una restricción grave y con serias consecuencias para la libertad de expresión y los derechos de reunión, asociación y participación política, que solo pueden utilizarse de modo muy excepcional y está sujeto a un mayor nivel de escrutinio.
De aprobarse el capítulo de la Ley “Bases” que propone modificaciones en el Código Penal previstas para las figuras de atentado, resistencia a la autoridad y legítima defensa, se consolidarán legalmente restricciones severas al derecho a la protesta social y se darán atribuciones sin el debido control a fuerzas de seguridad que han demostrado en estos días –como se describe en el informe-, un ejercicio arbitrario, abusivo y violento, contrario a la ley y los Pactos Internacionales vigentes.
Por último, el informe de la CPM también advierte que, en distintas instancias del despliegue policial, se identificó a personal policial de las distintas fuerzas federales y de la ciudad, portando sus armas de fuego reglamentarias con sus respectivos cargadores, en otra clara y alarmante desobediencia de la normativa nacional y las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos,
Al respecto, la CIDH expresó que “la ley debe disponer claramente las circunstancias que justifican el uso de la fuerza en el marco de las protestas, así como el nivel de fuerza aceptable para tratar con diversas amenazas. Particularmente, los Estados deben implementar mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones”. Justamente la prohibición de portar armas de fuego y munición de plomo por los funcionarios que entran en contacto con los manifestantes, se ha probado como la mejor medida de prevención de la violencia letal y la ocurrencia de muertes, razón por la cual ambas deben estar excluidas en los operativos de control de las protestas sociales. A esto se suma que varios de estos agentes no portan con su gafete de identificación
“Entendemos que atento a las graves violaciones a los derechos humanos constatadas y aquellas que puedan devenir del funcionamiento desproporcionado del operativo de seguridad implementado a los efectos del debate parlamentario de la ley “Bases”, es preciso adoptar medidas que garanticen la no repetición de estos hechos, teniendo en cuenta que se continuará con el tratamiento de la ley mencionada en los próximos días. Todo ello considerando su afectación al Estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos en nuestro país”, reclama finalmente la CPM en el informe presentado ante el presidente e integrantes de la Cámara de Diputados de Nación.
Foto de portada: Diego Martínez