Tras 8 años de trámite, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el pedido realizado por el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas-La Plata (CECIM) para que se declare la responsabilidad del Estado argentino por no investigar ni juzgar las torturas padecidas por los soldados conscriptos de parte de sus superiores en las islas Malvinas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que acompaña el CECIM desde un primer momento y es querellante en la causa que tramita en el Juzgado Federal de Río Grande, destaca la decisión de la CIDH que reconoce la gravedad institucional del caso.
La causa que investiga las torturas en Islas Malvinas se inició en 2007; hasta el momento 180 ex combatientes declararon como víctimas o testigos de estos delitos y tiene 95 militares imputados. Entre las torturas citadas en el expediente se habla de estaqueos y enterramientos bajo temperaturas extremas y suelo congelado durante varias horas, incluso bajo bombardeos enemigos, amenazas con arma de fuego, sumersión de la cabeza en agua helada, pasaje de corriente eléctrica, hambre extremo, entre otras.
El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015, después de que la Corte Suprema de Justicia convalidara el fallo de la Cámara de Casación, en favor de uno de los imputados –Jorge Taranto–, en donde sostuvo que estos delitos no eran de lesa humanidad y, por lo tanto, estaban prescriptos.
A pesar de ese revés judicial, ex combatientes siguieron presentándose en la justicia para denunciar nuevos hechos ocurridos en las Islas durante la guerra. En ese proceso, ante las dilaciones procesales y para acompañar el reclamo del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas-La Plata (CECIM), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó en 2017 como querellante institucional, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
La decisión se dio luego del viaje realizado por la CPM a las islas a principios de ese año, la primera vez que un organismo de derechos humanos se constituyó en suelo malvinense. Además de tratarse de un viaje humanitario para exigir que se avance con el proceso de identificación de los soldados que habían sido enterrados como NN luego de la guerra, la CPM llevó también en ese momento el pedido de justicia por las torturas a soldados conscriptos.
Desde entonces se realizaron innumerables presentaciones, actos públicos y pronunciamientos para impulsar la demanda. En los años siguientes, las nuevas denuncias realizadas por ex combatientes permitieron que la causa se reactivara. A pesar de los recursos de los imputados que consideraban que los hechos eran cosa juzgada, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia se pronunció por la continuidad de la causa y el Juzgado Federal de Río Grande llamó a indagatoria a 24 militares y dictó el procesamiento de tres de ellos.
Sin embargo, en mayo 2021, con el voto de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso presentado por la defensa de otro de los imputados, Jorge Ferrante, y anuló el fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia que había declarado la imprescriptibilidad de las torturas cometidas en las Islas Malvinas por tratarse de crímenes de lesa humanidad.
La resolución de la Casación cita el precedente de Taranto, el caso que había motivado en aquel entonces la presentación del CECIM que ahora fue aceptada por la CIDH.
Mientras en la justicia nacional la causa está pendiente de definición en la Corte Suprema de Justicia que debe pronunciarse sobre la imprescriptibilidad o no de las torturas en Malvinas, la intervención de la Corte Interamericana convocará a las partes litigantes para definir la responsabilidad del Estado por la ausencia de juzgamiento y condena de estos crímenes.
Con la causa paralizada desde el fallo de la Casación y tras 16 años de impunidad, la CPM valora la decisión de la CIDH de admitir el reclamo del CECIM porque abre una nueva posibilidad para avanzar en el efectivo juzgamiento de crímenes que son de lesa humanidad. Negarlo es asumir que hay desigualdad ante la ley: las mismas torturas o similares aplicadas en el continente por los mismos militares fueron consideradas de esa manera. No hacerlo es revictimizar a los soldados que padecieron estas graves violaciones de derechos humanos.