Familiares, amigos y amigas de Lucas Nahuel Verón, el joven fusilado por agentes de la Policía Bonaerense el día de su 18º cumpleaños, se movilizaron este lunes hasta la sede de la fiscalía general de La Matanza para reclamar justicia por el joven. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, asumió el patrocinio legal de la familia y pidió la recusación del fiscal de la causa, Juan Pablo Tahtagian, por haber avalado que, en las horas posteriores al hecho e incumpliendo la Resolución 1390, se tomen las primeras declaraciones a testigos en sede policial; oportunidad en que los camaradas de fuerza de los policías imputados amedrentaron, hostigaron y detuvieron ilegalmente a la victima sobreviviente del hecho para obligarlo a declarar contra sí mismo y construir la versión policial de un robo que no existió para lograr la impunidad.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) asumió el patrocinio legal de los padres de Lucas Verón, quienes se presentaron como particular damnificado en la causa que investiga el asesinato de su hijo. Al mismo tiempo, el organismo también asumirá la representación de la víctima sobreviviente, de 17 años, y de su tío violentado también por la policía. La presentación se realizó este lunes, mientras familiares, amigos y amigas de Lucas marcharon por primera vez para reclamar justicia y exigir una investigación rápida, transparente y eficaz.
Durante la jornada la CPM, junto a la familia, Hijos La Matanza y la Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, se reunió con la Fiscal General Patricia Ochoa y reclamó como primera medida la recusación del fiscal que dirige la investigación, Juan Pablo Tahtagian, por la connivencia con el accionar ilegal de la Policía Bonaerense en los momentos posteriores al hecho.
En ese sentido, el organismo remarcó que el fiscal Tahtagian, excusándose en la falta de personal, permitió y avaló que se tomen declaraciones testimoniales a testigos del crimen en sede policial; oportunidad en la que compañeros de fuerza de los policías imputados amenazaron al amigo de Lucas para obligarlo a declarar que venían de robar, justificar así la persecución policial y, de esa manera, desviar la investigación judicial e imponer una versión que dejara impunes a los responsables.
La decisión del fiscal significó un flagrante incumplimiento de la resolución 1390 de la Procuración General, que prohíbe la intervención de la Policía Bonaerense en diligencias judiciales cuando se investiga a funcionarios y funcionarias de la misma fuerza.
Más grave aún, el traslado a sede policial del testigo principal del crimen, en calidad de sospechoso, privándolo de su libertad, no sólo le brindó a la policía un ámbito de impunidad para realizar las acciones de amedrentamiento del joven para producir una falsa declaración, sino que, además, significó un acto de revictimización de altísimo padecimiento para el amigo de Lucas, víctima también de la persecución que terminó con el fusilamiento de Verón. Pese a ser menor de edad lo forzaron a declarar sin la presencia de su madre que estaba afuera y, pese a que lo imputaban de un delito, le tomaron declaración sin la presencia de un abogado defensor. Mientras esto pasaba el fiscal permanecía en la sede policial y avalaba está situación.
Pero además de esto, entre varios funcionarios policiales y el fiscal, hostigaron al padre de Lucas diciéndole que su hijo había robado y que tenía que dejar todo como estaba porque el caso estaba resuelto. Frente al dolor por la pérdida de su hijo, fue revictimizado de manera atroz por funcionarios policiales y judiciales que mancillaron la memoria de Lucas.
En la madrugada del viernes pasado, cuando estaba festejando su cumpleaños 18, Lucas Nahuel Verón y su amigo salieron en motocicleta a comprar gaseosas en un maxikiosco cuando comenzaron a ser perseguidos por un móvil del Comando de Prevención Comunitaria de González Catán, que ya había estado merodeando por la vivienda del joven, con la totalidad de las luces apagadas.
A pocos metros de la vivienda de Lucas, quien estaba regresando para resguardarse de la persecución, el patrullero impactó por detrás a la moto, provocando la pérdida del control del rodado y la caída al suelo de ambos. A continuación, los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Ezequiel Benítez y Cintia Duarte descendieron y dispararon varias veces. Una de las balas hirió de muerte a Lucas: el proyectil 9 mm ingresó por la zona del tórax y salió por la espalda.
Tras el fusilamiento, y mientras el joven de 18 años agonizaba en el suelo, Benítez y Duarte escaparon del lugar y no notificaron los hechos. Los dos policías están detenidos e imputados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser funcionarios policiales. Falta avanzar en las imputaciones por encubrimiento del resto del personal policial interviniente.
La intervención de los militantes de HIJOS La Matanza, que se constituyeron en la comisaría a pedido de la familia, y los testimonios recogidos por los mismos familiares en el barrio lograron desbaratar el plan de encubrimiento. Alertados por esta situación, la CPM también se comunicó con las autoridades policiales y judiciales para exigir la aplicación de la resolución 1390 y evitar que se avance con las declaraciones en sede policial.
A tres días del hecho, la CPM y organismos de derechos humanos de la zona acompañaron la movilización de familiares, amigos y amigas de Lucas que terminó en la puerta de la sede de la fiscalía general de La Matanza.
El secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, la directora general Sandra Raggio y el coordinador del área de Justicia y Seguridad Democrática Rodrigo Pomares integraron la comitiva del organismo que acompañó la marcha y, junto con familiares de Lucas, se reunió con la Fiscal General Patricia Ochoa.