El suicidio de un joven, un caso de abuso sexual, precarias condiciones edilicias, sobremedicacion, falta de dispositivos para contener intentos de suicidio, mala alimentación y desatención de la salud, son algunas de las graves violaciones a los derechos humanos que constató la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en una reciente inspección a la comunidad terapéutica Cumelén, ubicada en la localidad de Olavarría. En el lugar no se cumple la ley de salud mental ni la ley de promoción y protección de derechos del niño. Por esta razón, se solicitó al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) la inmediata clausura de la comunidad, se realizó una denuncia penal y se presentó un habeas corpus colectivo a favor de las personas allí alojadas. El Organismo provincial dispuso el realojamiento de los jóvenes en establecimientos adecuados.
Luego de recibir información sobre el suicidio de un joven y una denuncia por abuso sexual contra otro, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, realizó una inspección a la comunidad terapéutica Cumelén, ubicada en la localidad bonaerense de Olavarría. Los equipos de la CPM realizaron entrevistas de confidencialidad con los jóvenes que permanecen allí alojados, revisaron sus legajos e historias clínicas y relevaron las condiciones materiales de todas las instalaciones.
Este trabajo permitió constatar la existencia de graves violaciones a los derechos humanos que ponen a los jóvenes allí alojados bajo padecimientos crueles que persisten de manera sistemática. Entre los más significativos se encuentra la ausencia de dispositivos que permitan contener los intentos de suicidio, algo especialmente grave si se considera que la mayoría de los entrevistados manifestó haber tenido intentos de suicidio y/o haberse provocado autolesiones. También se pudo constatar el caso de otro joven que fue víctima de abuso sexual mientras se encontraba bajo los efectos de una sobremedicación que lo paralizó completamente.
A estas graves situaciones se suman además la violencia sistemática que los jóvenes reciben por parte de los operadores y autoridades de la comunidad, bajo agresiones físicas directas como modo de castigo o porque incitan a las peleas entre los propios internos.
El régimen de vida es extremadamente violento y punitivo, atravesado por la lógica del castigo y la despersonalización. No hay distinciones entre mayores de edad y niños, estando todos alojados en conjunto. Tampoco se evidencia un abordaje personalizado, humanizado y/o en vinculación con las trayectorias de vida de los jóvenes y la posibilidad de trabajar de conjunto en la realización de un proyecto de vida posterior al alojamiento en Cumelén. Al contrario, todos los jóvenes atraviesan el mismo mecanismo de intervención independientemente del grado de problemática con el que ingresaron a la Comunidad.
Además de esto, los equipos de la CPM pudieron constatar el grave deterioro edilicio del lugar, la falta de vestimenta adecuada, la escasa y deficiente alimentación, y el casi nulo acceso a la salud en jóvenes que incluso han padecido patologías por un largo tiempo.
Por la gravedad de los hechos la CPM envió una nota al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) en la que solicitó una intervención urgente y una inmediata clausura del lugar. La nota fue acompañada por un informe detallado de cada una de las situaciones relevadas junto con imágenes tomadas durante la inspección. El Organismo intervino de manera urgente disponiendo el realojamiento de los jóvenes en establecimientos adecuados.
La CPM, integrante del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, también puso en conocimiento de estas graves violaciones de derechos humanos al Comité Nacional de Prevención de la Tortura, al Ministerio de Salud provincial y a la Defensoría de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Nación.
Teniendo en cuenta la gravedad de lo relevado, la CPM ha insistido con que se profundicen auditorias exhaustivas y periódicas con perspectiva de derechos humanos y los enfoques establecidos en la ley de salud mental y de protección de la niñez en todos los dispositivos oficiales o conveniados con el OPNyA.