Luego de las graves violaciones a los derechos humanos registradas durante la represión a las manifestaciones en Plaza Congreso de la semana pasada, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó a la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dicte una medida cautelar que obligue al Estado argentino a asegurar el efectivo ejercicio del derecho a manifestarse y que garantice la libertad, seguridad e integridad de quienes se manifiesten. Ante el riesgo de nuevos hechos de represión por parte de las fuerzas de seguridad cuando se retoma el debate parlamentario, la presentación considera que se trata de una situación de extrema gravedad y urgencia, y que se requieren medidas preventivas para evitar la consumación de detenciones arbitrarias, el uso indiscriminado de gases químicos y disparos con postas de goma, así como también la portación de armas de fuego con balas de plomo. La CPM también presentó un habeas corpus preventivo y colectivo que fue rechazado en primera instancia y ahora lo analizará la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Por otro lado, se presentó como amicus curiae en el habeas corpus colectivo que analiza el protocolo antipiquetes.
El día lunes en la previa a la reanudación de las sesiones parlamentarias en donde se discute la Ley de “Bases”, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitó que se dicte una medida cautelar a favor de todas las personas que asistan a las manifestaciones. El escrito señala que las represiones ocurridas la semana pasada configuran una situación de extrema gravedad, urgencia y la inminencia de daño irreparable a las personas en el marco de acciones que lesionan derechos fundamentales del sistema interamericano de Derechos Humanos por parte del Estado Argentino.
El pedido de estas medidas se basa en el riesgo inminente de nuevos hechos de represión por parte de las fuerzas de seguridad federales y de CABA. En ese sentido, la presentación recoge como antecedentes las violencias registradas en las protestas de la semana pasada, durante la tarea de monitoreo que realizó la CPM en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura bonaerense, junto al Comité Nacional de Prevención de la Tortura y el Mecanismo local de CABA.
El registro de ese monitoreo fue plasmado recientemente en un informe presentado a la Cámara de Diputados de Nación que denunció la existencia de 23 detenciones arbitrarias, 285 personas atendidas con lesiones provocadas por los gases, golpes con tonfa o disparos con postas de goma –muchas de ellas en zonas vitales, a pesar de estar prohibido por los protocolos nacionales e internacionales de actuación–, agresiones a más de 35 periodistas y 5 observadores/as de derechos humanos, la portación de arma de fuego con pista de plomo, entre otras graves irregularidades y violaciones a los derechos humanos.
Retomando innumerables pronunciamientos de la CIDH, la presentación de la CPM desarrolla en particular la preocupación por las detenciones arbitrarias ocurridas y la criminalización de la protesta.
En ese punto, la CIDH ya ha resaltado que los Estados deben dejar de aplicar tipos penales que convierten en actos criminales conductas comúnmente observadas en protestas, como los cortes de ruta o los actos de desorden que, en sí mismos, no afectan bienes como la vida, la seguridad o la libertad de las personas, pues en el contexto de protestas ellas constituyen formas propias del ejercicio de los derechos de libertad de expresión, de reunión y de libre asociación. La criminalización, entendida como el uso abusivo o arbitrario del derecho penal, contravencional o de faltas en contra de manifestantes, muchas veces tiene inicio o se produce por medio de detenciones arbitrarias de manifestantes durante el mismo desarrollo de las protestas.
Las detenciones registradas durante las movilizaciones de la semana pasada controvierten todo lo señalado por la CIDH, se trataron de detenciones motivadas en la decisión arbitraria de las fuerzas policiales contra manifestantes que ejercían su derecho de expresión y petición de manera pacífica. En la mayoría de los casos las aprehensiones resultaron desproporcionadas y justificadas mediante el tipo penal de resistencia a la autoridad, sin que existiera un indicio evidente de la configuración de las acciones que el propio tipo exige.
Por la situación de extrema gravedad y urgencia que reviste el caso, la medida cautelar solicitada por la CPM exige que se dispongan mecanismos que aseguren el efectivo e incondicional ejercicio del derecho de manifestación y la libertad e integridad de las personas que asistan. También que se ordene al Estado Argentino la suspensión del cumplimiento efectivo de las normas, dictadas mediante el DNU o la Ley “Bases”, que contradicen el sistema interamericano de garantías a la hora de la efectiva tutela del derecho a la protesta.
Por otra parte, la CPM también presentó ante la justicia nacional un habeas corpus colectivo y preventivo a favor de todas las personas que se manifiesten en la zona de plaza de Congreso en los días que continúe el debate parlamentario. El escrito solicita que se ordenen medidas de protección y, en base al despliegue represivo de la semana pasada, que se intime a las fuerzas policiales federales y de CABA a adecuar “el uso de los vehículos y armamentos a los criterios de razonabilidad, excepcionalidad, proporcionalidad y mínima lesividad”. Esto implica el cese del uso para todas circunstancias de gases químicos, el uso de postas de gomas sólo en casos excepcionales en las que se encuentre en riesgo la integridad de terceros o del propio personal policial, el cese de la portación de armas de fuego, evitando que las mismas queden en inmediaciones de las manifestación tal como recomiendan los protocolos internacionales de actuación.
Además del petitorio de medidas a adoptar, la CPM también requirió una serie de medidas de prueba para que los Ministerios de seguridad de Nación y CABA informen las personas aprehendidas durante las manifestaciones realizadas la semana pasada; esto es debido a la incongruencia entre el número de detenciones informadas por la justicia (23) y las 31 declaradas públicamente por la Ministra Patricia Bullrich y su par de CABA Waldo Wolff. También se pide a los ministerios que informen sobre los criterios, protocolos y modalidades de actuación de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones, y que remitan para su peritaje muestras de los gases tipo spray que son utilizados por las distintas fuerzas para evaluar el contenido químico de los mismos y el impacto en la salud de las personas.
El habeas fue rechazado en primera instancia por el titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 61 Luis Schelgel, quien sólo se limitó a girar la presentación a la Cámara para que sortee el Tribunal que investiguen penalmente los hechos denunciados pero no consideró la necesidad de imponer medidas preventivas. Tras su rechazo, el habeas será analizado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
Por otro lado, la CPM se presentó también hoy como amicus curiae en la causa que tramita ante el juez federal Sebastián Casanello y analiza el protocolo antipiquetes implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Foto de portada: AP