La Comisión provincial por la Memoria (CPM) y la Asociación Judicial Bonaerense realizaron una conferencia de prensa esta mañana en Mercedes, en la que presentaron una denuncia administrativa y pedido de juicio político contra la jueza Marcela Otermín. Entre los hechos presentados figuran reiteradas infracciones a la ley 13.168 sobre violencia laboral, que impactan directamente en el control de legalidad del cumplimiento de la pena impuesta a las personas detenidas a su disposición, que padecieron por sus acciones y omisiones graves violaciones de derechos humanos.
Agustín García Secretario Gremial de la AJB, Mariano Fernández Secretario de derechos Humanos del gremio y Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, hicieron pública esta mañana la denuncia contra la jueza Marcela Otermín, quien se encuentra a cargo Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de Mercedes.
En una conferencia de prensa realizada en la sede de los trabajadores judiciales de esa localidad, dieron detalles de la presentación que realizaron ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires el pasado mes de octubre.
La presentación describe con detalle situaciones de violencia extrema contra les trabajadores, cómo la distribución inequitativa y arbitraria del trabajo, la delegación de sus funciones en la planta del juzgado, las órdenes contradictorias y la falta de criterios administrativos y jurídicos razonables que también afectaron las decisiones sobre la ejecución de la pena de las personas privadas de la libertad que se encuentran bajo su jurisdicción.
El modo en que la jueza Otermin realiza una asignación personalizada de expedientes a quienes trabajan bajo su órbita, las presiones y malos tratos para disciplinar a los equipos de trabajo, el uso discrecional de la carrera judicial bajo la lógica de premio- castigo como patrón llevó a que 29 personas pidieran cambiar el lugar de trabajo, de las cuales 18 invocaron razones de salud convalidadas por la Dirección General de Sanidad de la Suprema Corte.
Este mal desempeño afectó la correcta prestación del servicio de justicia al extremo de generarle a la Dra. Otermín una imputación penal en curso. La jueza ya está imputada por la presunta comisión de los delitos de falsificación ideológica de instrumento público en el marco de su actuación durante la triple fuga de General Alvear, un hecho de gran trascendencia pública.
En su juzgado se demoraban sin motivo la resolución de pedidos que realizaban las personas detenidas por derechos previstos en la ley de ejecución penal, entre uno y ocho meses; se rechazaban habeas corpus sin darles tratamiento o cuando le daban tramite la magistrada no se presentaba a las audiencias aunque firmaba como si estuviera presente. El maltrato hacia las personas detenidas y sus familiares es otro de los elementos señalados, así como también nunca atender las graves denuncias que le transmitían.
Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, señaló que “en su actuación la jueza es autora de graves violaciones de derechos humanos al incumplir con las leyes vigentes. Al negar sistemáticamente derechos de las personas detenidas que cumplen con los requisitos de la ley de ejecución penal agrava sus condiciones de detención. También ha incumplido con la ley de Habeas Corpus rechazando sin tramitarlos o sin participar de las audiencias condición que está expresamente señalada en la norma.”
Durante la conferencia los representantes gremiales subrayaron que no puede haber magistrados con estas características y repetidas denuncias vigentes ejerciendo sus funciones y exigieron el apartamiento preventivo de Otermin mientras se investiguen los hechos denunciados.