La peligrosa persecución a la política

La Comisión Provincial por la Memoria hace pública su profunda preocupación por el allanamiento realizado el pasado lunes 3 de junio en la sede central del Partido Obrero, ubicada en Bartolomé Mitre 2162 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un hecho que no puede dejar de interpretarse como un ataque a los más elementales derechos y garantías constitucionales, y que criminaliza la expresión política y la protesta.

Es de público conocimiento que, a partir de la asunción del gobierno encabezado por el presidente Javier Milei, se viene desplegando de manera sistemática una estrategia represiva en las movilizaciones y en las distintas expresiones de la protesta social, lo que exhibe una preocupante recurrencia de graves violaciones a los derechos humanos. Este accionar responde también al discurso presidencial de demonización del socialismo, el comunismo y el marxismo, en una acepción amplia y generalizada aplicable a los más vastos sectores sociales y políticos opositores como culpables de todos los males.

A ello se suma la falta de políticas asistenciales acordes a la crisis social y económica que atraviesan los sectores más empobrecidos de nuestro país, siendo de público conocimiento el accionar inhumano de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuya política pública se reduce a la retención de 5 millones de kilos de alimentos en un cuadro de aumento exponencial del hambre y la pobreza en todo el país.

Esta sistematicidad del accionar represivo, que incluye en su despliegue actos de inteligencia ilegal con el objetivo de criminalizar de las organizaciones sociales y políticas, debe convocar la atención y la acción de los tres poderes del Estado, dado que son los más elementales principios constitucionales y, por lo tanto, el propio sistema democrático los que se encuentran en juego.