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En una nota remitida al Ministro de Seguridad de Buenos Aires Sergio Berni, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos denunciaron que la Policía bonaerense realiza acciones de espionaje e inteligencia ilegal sobre asambleas, encuentros o movilizaciones de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos. Los organismos señalaron su preocupación por la continuidad de estas prácticas de vigilancia ilegal, que ya fueron denunciadas durante la gestión del gobierno anterior y persisten en la actualidad, pese a las reiteradas denuncias y causas en trámite ante la justicia federal y provincial. También se remitieron notas a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso Nacional (ley 25.520) y a las presidencias de las Cámaras de Diputados y Senadores de la legislatura provincial, a quienes se le requirió la conformación de la hoy inactiva Comision Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de las Políticas de Prevención del Delito, Seguridad, Criminalística, Criminología e Inteligencia, creada mediante ley 12.068 en el marco de la reforma policial iniciada en el año 1997.
El seguimiento y vigilancia sobre el acto de conmemoración que se realizó en Balcarce por del Día de la memoria por la verdad y la justicia -lo mismo ocurrió en otras localidades bonaerenses-, sobre la “Caravana de la memoria” convocada por la Mesa de la memoria de La Matanza o sobre una asamblea gremial de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires en Chivilcoy, son algunos de los hechos de espionaje ilegal enumerados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en una nota dirigida al Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni.
Las organizaciones de familiares de víctimas de la violencia estatal o de ex detenidos son otro de los blancos policiales. En su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM interviene como querella institucional en las causas que investigan las tareas de inteligencia ilegal en perjuicio de familiares de la masacre de Monte y de Germán Gómez –un joven que fue encontrado muerto en la comisaría de Alejandro Korn, también durante una reciente movilización de organizaciones de familiares y víctimas de violencia policial en Avellaneda o durante el juicio realizado en la Universidad de la Matanza por el crimen de Lucas Verón, el joven de 18 años asesinado por dos efectivos policiales en dicho municipio.
En todos los casos, la actuación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires es similar: sin orden judicial ni razón que lo amerite, las y los efectivos toman fotografías o registro audiovisual de las personas que participan de las actividades. Para el desarrollo de estas tareas, llegaron a participar autos y policías de civil, y se emplearon drones. En algunos casos, las mismas autoridades policiales reconocieron expresamente el accionar, manifestando que así lo hacen en cumplimiento de órdenes emanadas de su superioridad.
Las conductas denunciadas contravienen las facultades policiales regladas en la ley 13.982 e importan una injustificada invasión al ámbito de privacidad de todas y todos quienes concurren a aquellos encuentros públicos, que busca hostigar y amedrentar a las personas que participan de estas actividades y se organizan para la defensa de sus derechos.
Asimismo, estos hechos implican la realización de tareas de inteligencia ilegal, ya que la ley 25.520 de Inteligencia Nacional prohíbe “Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
En la nota enviada al ministro Sergio Berni, la CPM y la APDH advierten con preocupación la continuidad de estas acciones, más allá de los diferentes gobiernos, que las aleja de prácticas individuales para transformarlas en prácticas institucionales avaladas por quienes tienen capacidad de decisión.
En los últimos años, diversas investigaciones judiciales en el fuero federal han evidenciado un sistema de vigilancia ilegal, que tuvo su epicentro en la Provincia de Buenos Aires y como principal objetivo reunir información político-ideológica. A modo de ejemplo, las prácticas de espionaje denunciadas ahora guardan similitud con las acciones de inteligencia que fueran acreditadas en la denominada causa “Bases AMBA”, donde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) incorporó a su staff -en el periodo de gobierno anterior-, a personal de la policía provincial para realizar tareas de inteligencia sobre organismos de derechos humanos, organizaciones sociales e incluso familiares de víctimas de violencia policial.
“La vigilancia y el seguimiento por parte de efectivos de civil o uniformados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires sobre organizaciones sociales, sindicales, políticas, de derechos humanos y de familiares de violencia estatal o institucional, se producen de manera permanente y recurrente, significan una verdadera violación de la normativa vigente, a obligaciones internacionales del Estado argentino y a los más fundamentales derechos y garantías que debe garantizar el estado democrático”, concluyeron la CPM y la APH en la nota en donde solicitaron el cese urgente e inmediato de estas prácticas.
También se remitieron notas a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso Nacional (ley 25.520), las presidencias de las Cámaras de Diputados y Senadores de la legislatura provincial, sus comisiones de Derechos Humanos y al Ministro de Justicia Julio Alak.
A la Legislatura Bonaerense se le requirió la conformación de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de las Políticas de Prevención del Delito, Seguridad, Criminalística, Criminología e Inteligencia, creada mediante ley 12.068 en el marco de la reforma policial iniciada en el año 1997. Tal Comisión Bicameral hoy inactiva, tiene por objetivo llevar a cabo un control parlamentario directo y permanente de las tareas, medidas y normas respecto de dichas actividades desarrolladas por los organismos del sistema de seguridad. Por tal motivo, se solicitó que se instrumenten los mecanismos institucionales para su puesta en funcionamiento y pronta conformación. La prohibición absoluta de realizar actividades de inteligencia ilegal sobre organizaciones sociales y políticas está expresamente vedada a las fuerzas policiales y constituyen delitos gravísimos que los gobiernos democráticos no deben realizar ni tolerar.