Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la
Provincia de Buenos Aires (Ley Nacional 26.827)

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, elevó un informe a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en el que detalla una serie de acciones arbitrarias e ilegales por parte de funcionarios del Ministerio Público Fiscal del departamento judicial Lomas de Zamora en perjuicio del Juez de Garantías Dr. Gabriel Vitale. Los hechos denunciados dan cuenta de investigaciones irregulares, selectivas, arbitrarias y presuntas actividades de inteligencia ilegal avaladas desde la Procuración General, que configuran delitos de extrema gravedad institucional e impiden el correcto funcionamiento de las instituciones y la administración de justicia. La CPM solicitó la intervención inmediata del máximo tribunal provincial y elevó el informe a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

La doble vara con que la Procuración General pretende disciplinar a funcionarios judiciales en la Provincia de Buenos Aires con fines político-partidarios da cuenta de una arbitrariedad institucional que pone en peligro todo el sistema de derechos y garantías constitucionales sobre el que se asienta la democracia.

Mientras se continúa protegiendo al Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, ex agente policial de la Dirección de Inteligencia, imputado y procesado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, en otras jurisdicciones se promueven y sostienen procesos arbitrarios plagados de irregularidades para perseguir y hostigar a jueces y fiscales autónomos.

En Lomas de Zamora, el juez de garantías Dr. Gabriel Vitale viene denunciando desde mediados de 2019 una serie de prácticas persecutorias con el solo objetivo de socavar sus funciones como juez. Y otros jueces de la misma jurisdicción, que se negaron a llevar este proceso en su contra, están siendo víctimas de la misma persecución.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires un informe detallando acciones y posibles delitos cometidos por el Ministerio Público Fiscal y solicitando su intervención.

Allí se describe la persecución y hostigamiento contra magistrados, completamente fuera del marco legal, impulsada por el procurador bonaerense Julio Conte Grand en articulación con el Fiscal General Adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera.

Estos intentos de imponer sanciones, por supuestas actuaciones irregulares en causas de conocimiento público como la del Club Independiente o la causa de “La Salada”, se producen frente a la actuación independiente del juez que no convalidó la actuación fiscal.

Ante esto, el Dr. Vitale comenzó a ser perseguido mediante el despliegue de procedimientos y estrategias de enorme gravedad institucional. En primer lugar porque el fiscal Pablo Rossi, en articulación con el ahora Fiscal Gral. Sebastián Scalera, armaron una causa en la que no hay todavía ningún juez a cargo, y no obstante esto ordenaron una serie de pruebas completamente ilegales sin control del investigado. Entre las más importantes se encuentran: solicitudes de escuchas sobre el celular de Vitale y su familia, informes sobre movimientos de cuentas bancarias, datos de movimientos migratorios. Estas y muchas otras medidas se realizaron sin justificación investigativa y sin intervención de un juez de garantías.

También por su actuación independiente, relacionada con estas causas, fue suspendido el Fiscal general de Lomas de Zamora Enrique Ferrari.

En términos generales, cabe recordar que todo este proceso se enmarca en la particular injerencia que sobre estas actuaciones tuvieron el Ministerio de Seguridad de Nación y la Agencia Federal de Inteligencia durante la gestión de gobierno anterior, que presionaron al juez Luis Carzoglio -hoy suspendido- por la misma causa relacionada con el Club Independiente.

Estos procedimientos arbitrarios e irregulares han sido develados en los diferentes expedientes judiciales que investigan hechos de espionaje ilegal. La investigación llevada a cabo por el Juez Alejo Ramos Padilla en el marco de la causa D’Alessio evidenció la producción de inteligencia ilegal sin control judicial -tales como escuchas, cruces de antenas, intervención irregular de agentes de la AFI, entre otros- por parte de fiscales provinciales, como es el caso del ex Fiscal Juan Bidone.

La gravedad institucional de estos hechos ha sido advertida incluso por el anterior presidente de la Suprema Corte provincial, Dr. Eduardo De Lázzari que, al momento de oponerse a una nueva prórroga del licenciamiento forzado del Fiscal General Ferrari, consideró que «estamos abocados a definir de una buena vez si es posible consentir calladamente el avasallamiento de todas y cada una de las garantías propias de nuestro orden jurídico». En esa resolución, la mayoría de la Corte votó en línea con lo pedido por el Procurador.

Esta política de persecución y disciplinamiento a jueces independientes tuvo su punto de partida con el juicio político que destituyó al juez en lo contencioso administrativo Luis Federico Arias, en un proceso también plagado de irregularidades y pruebas endebles impulsado por el Procurador General.

La gravedad de la situación requiere la intervención inmediata de la SCJBA para reestablecer de pleno los derechos y garantías constitucionales que no solamente van en detrimento de los funcionarios judiciales señalados sino de todo el sistema de justicia en la Provincia de Buenos Aires.

Con todos estos antecedentes, desde la CPM también se remitieron notas describiendo lo sucedido a las Cámaras de Diputados y Senadores, al Ministro de Justicia Julio Alak y al gobernador Axel Kicillof.

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