La Comisión Provincial por la Memoria, expresa su preocupación por la criminalización de referentes sociales y sindicales, detenidos e imputados por participar en la manifestación realizada por organizaciones sindicales, políticas y sociales, contra la reforma de la ley previsional en Santa Fe. Está criminalización se da en un contexto regresivo en materia de derechos humanos impulsado por las políticas económicas, sociales y represivas por parte del gobierno nacional y algunos gobiernos provinciales que ponen en jaque a la democracia.
El 12 se septiembre se realizó una gran movilización en la provincia de Santa Fe contra la reforma al régimen de la caja previsional de la provincia. En este contexto y tras la aprobación de la ley, las fuerzas policiales reprimieron la manifestación generando varios heridos por el uso de gas pimienta.
Al día siguiente el gobierno provincial anunció que instarían la investigación judicial por los disturbios y apuntó contra los referentes sindicales. La amenaza se materializó el 16 de octubre cuando en el marco de un mega operativo simultaneo, se realizaron allanamientos y se procedió a la detención de los docentes Román González y Franco Casassola, que forman parte de la comisión directiva de Amsafé Rosario y Diego del Castillo de Curbelo, delegado de escuelas en zona norte. También fue detenido Maximiliano Molina que además de formar parte de la Federación Nacional Territorial (Fenat) y la CTA Autónoma de Rosario, es hermano de Lorena Almirón, referente gremial de la ciudad. El quinto imputado es Daniel Vázquez, un trabajador estatal recientemente despedido del área de Niñez.
Tanto los gremios como familiares de los detenidos, denunciaron que los allanamientos fuero realizados con una violencia desproporcionada que incluyó la rotura de puertas, violencia física y verbal y la intimidación con armas de fuego. Todo esto contra personas que se hubieran presentado espontáneamente a la justicia y que no opusieron ningún tipo de resistencia. Frente a la movilización y reclamo inmediato, los detenidos fueron liberados aunque continuan criminalizados.
Este recrudecimiento de la represión y criminalización de la protesta tiene pocos precedentes desde el retorno de la democracia y ejemplos similares a este se han relevado en diferentes provincias.
La resolución y silenciamiento de los reclamos por derechos mediante la violencia estatal y no por la via del dialogo, se justifica y enarbola como valor por encima de la Constitución Nacional. A la implementación del denominado “Protocolo antipiquetes” de parte del Gobierno Nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que constituye una limitación inconstitucional al derecho a la protesta, se suman los discursos de los principales referentes políticos, incluido el presidente de la Nación, que asocian el accionar de las organizaciones sociales, sindicales y políticas y a sus referentes, con asociaciones delictivas orientadas a desestabilizar el orden democrático. No hay prueba alguna de estas afirmaciones.
Bajo este paraguas discursivo, algunos sectores del poder judicial, justificaron la criminalización de la protesta bajo figuras claramente asociadas a la persecución de los opositores políticos como la sedición y el terrorismo.
Por todo ello, es imprescindible rechazar y denunciar cada uno de estos hechos de violencia represiva, porque al hacerlo, defendemos la democracia.
Comisión Provincial por la Memoria: Adolfo Pérez Esquivel (presidente), Dora Barrancos (presidenta), Víctor De Gennaro (vicepresidente), Ana Barletta (vicepresidenta), Roberto Cipriano García (secretario), Guillermo Torremare (prosecretario), Ernesto Alonso (tesorero), Ana María Soffiantini (protesorera), Víctor Mendibil, Susana Méndez, Yamila Zavala Rodríguez, Gonzalo Conte, María Sonderéguer, Laura Ginsberg, Miguel Velo, Sandra Raggio (directora general).