La Comisión Provincial por la Memoria expresa su preocupación y rechazo a la decisión del gobierno nacional quien en las últimas horas cerró los servicios de guardia e internación del Hospital L. Bonaparte, y anunció su cierre definitivo. El Hospital L. Bonaparte es una institución pública nacional especializada en salud mental y consumos problemáticos que se constituye como un centro de referencia en nuestro país, sus usuarios son en su mayoría personas que pertenecen a los grupos más vulnerados, muchas de ellas en situación de calle.
Tal como afirmaron desde la cartera de Salud del gobierno nacional, la amenaza es el cierre del hospital, lo cual tendrá como consecuencia el abandono y la falta de atención de miles de personas con padecimiento mental -incluyendo niños, niñas y jóvenes-. Actualmente, el Hospital tiene más de 40 personas internadas y más de mil en atención ambulatoria, a quienes se suministra de manera gratuita la medicación requerida.
Por otro lado, este Hospital cuenta con una línea telefónica atendida por profesionales de salud mental la cual funciona todos los días del año, las 24 hs. y para todo el país.
Frente a los problemas de crecimiento del consumo problemático de sustancias y de suicidios en la población, el gobierno nacional adopta una decisión que, lejos de profundizar su abordaje elaborando e implementando políticas públicas, agrava la situación, dejando a miles de personas desprotegidas y sin atención.
Esta medida va en línea con las políticas regresivas en materia de derechos humanos que viene implementando el actual gobierno nacional, recrudece el desguace del Estado y produce el cercenamiento del derecho a acceder a la salud del conjunto de la sociedad.
El actual presidente Javier Milei, en el marco de la campaña electoral, ya había adelantado su postura frente a las políticas de salud mental a partir de expresiones repudiables como: “Si vos te querés suicidar, no tengo problema pero no pidas que pague la cuenta (…) quien quiera reventarse consumiendo droga o suicidarse puede hacerlo sin asistencia del Estado”.
En un contexto en el que todas las medidas adoptadas por el gobierno nacional tienden al cercenamiento de derechos, degradando las condiciones de vida de las personas, el impacto sobre la salud mental de la sociedad en su conjunto es atroz profundizando el padecimiento mental.
Si bien no existen estadísticas actualizadas, según los últimos datos elaborados por la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), en el año 2021 se registró un total de 2.865 suicidios en todo el país, dando cuenta de la gravedad del problema, que adquiere una complejidad particular en jóvenes y adolescente de entre 15 y 24 años. UNICEF también viene alertando sobre esta causa de muerte en la franja de 10 a 19 años.
Asimismo incumple todos los derechos que le son reconocidos por el Estado a las personas con padecimiento mental en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 e implica una regresión respecto a la planteado en esta normativa en relación al presupuesto que debe asignar el poder ejecutivo para políticas de salud mental (un 10% del total asignado a salud).
Por otra parte, desconoce lo planteado por la Ley Nacional de Prevención del Suicidio Nº 27.130 que explicita la necesidad de trabajar articuladamente para fortalecer servicios de atención telefónica gratuitos para la atención en crisis y riesgo suicida.
Además del gravísimo incumplimiento normativo, estos datos respecto a las problemáticas de salud mental en nuestro país evidencian la necesidad de sostener y profundizar las políticas públicas para su abordaje.
La actual medida no solo implica dejar sin empleo y sin salario a casi 600 trabajadores y trabajadoras -quienes en estos momentos permanecen en sus puestos de trabajo en lucha por la defensa del hospital- sino que conlleva una negación explícita del derecho al acceso a la salud mental mediante el sistema sanitario público.
Ante este escenario expresamos nuestra preocupación y rechazo a la medida adoptada y sostenemos que la única forma de garantizar un abordaje respetuoso de los derechos de las personas con padecimiento mental es mediante el sostenimiento y ampliación de dispositivos sanitarios y políticas públicas que garanticen el acceso al sistema de salud.
NO HAY SALUD MENTAL SIN DERECHOS HUMANOS Y SIN POLÍTICAS PÚBLICAS QUE LOS GARANTICEN.
No al cierre del Hospital L. Bonaparte y el desmantelamiento de las políticas públicas de salud mental
