La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresa su repudio y preocupación por el femicidio de Úrsula Bahillo cometido por el oficial de la Policía Bonaerense Matías Ezequiel Martínez. El funcionario había sido denunciado en varias oportunidades por la víctima y además iba a ser juzgado por otro hecho de violencia de género. Esto evidencia la absoluta falta de protección estatal que le brindaron a la joven y que permitió al victimario actuar con total impunidad. Luego del atroz crimen, y ante la impotencia y el legítimo reclamo popular, la respuesta de los compañeros de fuerza de Martínez fue la represión.

La CPM reclama que se realice una rápida y profunda investigación sobre el crimen y las responsabilidades de funcionarios policiales y judiciales por las omisiones frente a las reiteradas denuncias. También la implementación de políticas públicas destinadas a erradicar los femicidios policiales que desde 2016 ocurrieron en un promedio de casi 5 por año.

Asimismo se debe investigar el accionar policial durante la brutal represión a familiares, amigos y amigas de Úrsula que pedían justicia. Es inadmisible la violencia policial como respuesta, sobre esto debe iniciarse una investigación penal y administrativa que revise la actuación de los agentes.

Úrsula tenía 18 años y había denunciado en innumerables oportunidades a su ex pareja, el oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Matías Ezequiel Martínez que tenía una medida de restricción perimetral para impedir que se acercara a la joven. Una orden que Martínez incumplió con absoluta impunidad. Ni la justicia ni la policía fue capaz de garantizar la seguridad de Úrsula, en esa situación de desprotección ocurrió el femicidio.

El femicida contaba con tres causas penales por violencia de género, una de ellas por otra víctima donde estaba citado a juicio, y las restantes relativas a hechos cometidos contra Úrsula.  Es decir, lo que ocurrió era un desenlace previsible, anunciado por la propia víctima que apeló a todas las instancias existentes para poder detenerlo.

Desde septiembre de 2020, Martínez estaba con carpeta psiquiátrica, aunque continuaba siendo parte de la fuerza pese a las causas anteriores y la elevación a juicio de una de ellas. El hecho de ser funcionario policial no puede soslayarse, porque tampoco es el primer caso que ocurre: la base de datos sobre uso letal de la fuerza policial, que construye la CPM sobre la provincia de Buenos Aires, muestra que en el período 2016-2019 fueron asesinadas 43 mujeres. De ese total 21 casos fueron femicidios; es decir que el 50% de las muertes de mujeres por uso letal policial fueron femicidios.

El femicidio de Úrsula vuelve a poner de relieve de manera dramática la falta de celeridad en la implementación de políticas integrales de resguardo que garanticen la seguridad e integridad de las mujeres que denuncian violencia de género y la falta de respuestas de parte de la institución policial, que en estos casos minimiza o encubre al victimario.

La CPM exige que se garantice una investigación judicial expeditiva, eficaz y profunda que no sólo aporte claridad sobre el hecho sino que también indague en las responsabilidades funcionales policiales y judiciales, que pudieran existir por la falta de respuesta a las denuncias anteriores.

Por esto es fundamental que tanto las autoridades del Ministerio de Seguridad como del poder judicial realicen una auditoría exhaustiva del desempeño de los funcionarios y agentes tanto para aplicar las sanciones correspondientes como para determinar el inmediato desplazamiento de la investigación. En este contexto resulta indispensable que la policía de la provincia sea apartada de manera inmediata de la investigación, tal como fue solicitado por la CPM.

La madre de la joven ya denunció públicamente que en la Comisaría de la Mujer no le quisieron tomar una denuncia por hostigamiento porque era fin de semana. Este y cualquier otro elemento que pudiera dar cuenta de acciones de negligencia o encubrimiento policial debe ser investigado Y se deben tomar medidas efectivas para sancionar a los responsables y garantizar que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir.

Asimismo, la CPM reclama que se investigue el accionar de los policías que participaron de la represión al reclamo de justicia que se realizó en el pueblo al poco tiempo de conocerse la muerte de Úrsula. Ante el legítimo reclamo encabezado por familiares, amigos y amigas de la víctima, en una situación de enorme y entendible impotencia, la decisión de reprimir es a todas luces injustificada y constituye una demostración cabal de que la respuesta estatal ante los conflictos sigue siendo eminentemente represiva. En este contexto fueron detenidas 10 personas, entre ellos cuatro menores de 18 años, por resistencia a la autoridad, una figura que las policías suelen utilizar para justificar su violento accionar. Los disparos con balas de goma dejaron decenas de personas heridas, entre ellas una amiga de Úrsula que recibió un disparo en uno de los ojos y fue trasladada al Hospital de Junín para ser atendida. Es decir que un femicidio se profundiza en la intervención policial con un nuevo hecho de violencia de género.

En una situación de enorme angustia y conmoción, la represión como primera y única respuesta revela una vez más la absoluta falta de criterio y racionalidad por parte de las fuerzas de seguridad.

Ante las distintas connotaciones y la gravedad del caso, la CPM realizó presentaciones exigiendo la investigación exhaustiva y la adopción de medidas urgentes ante la Fiscalía General de Junín, la Fiscalía N°5 que investiga el femicidio, el Juzgado de Garantías N°3 y la Auditoría General De Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

La CPM viene denunciando la ausencia de políticas estatales tendientes a revertir las graves violaciones de derechos humanos que se despliegan de manera sistemática en los territorios por parte de la policía bonaerense. La tortura y la violencia arbitraria son parte de su actuación cotidiana. Este accionar se sustenta en la impunidad y protección corporativa de la propia fuerza y un poder judicial que la encubre y naturaliza. Estos femicidios no están disociados de esas prácticas, por eso también deben ponerse en marcha con urgencia, políticas públicas destinadas a la prevención de la tortura, la sanción a los torturadores y la efectiva asistencia a las víctimas.

El amplio porcentaje que representan las denuncias por violencia de género en el ámbito laboral y familiar en las fuerzas policiales evidencia que no se trata sólo de un problema de capacitación, sino de profunda revisión de la estructura, prácticas y perfiles de quienes constituyen esas fuerzas.

El femicidio de Úrsula y los hechos de represión ante los reclamos, deben motivar la urgente movilización de los recursos y políticas estatales para, revertir las prácticas institucionales que impiden el acceso a la justicia, garantizar la efectiva protección de las víctimas y hacer efectiva la sanción de los responsables.

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