En la última inspección realizada en junio pasado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había denunciado la existencia de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra 60 jóvenes y adultos con padecimiento mental alojados en la comunidad terapéutica Fundación San Camilo de Pilar. Las graves violaciones a los derechos humanos en el lugar vienen de mucho antes; en estos momentos, los dueños y los directivos médicos están imputados por la muerte de Saulo Rojas, ocurrida en 2013. No se trata de un hecho aislado; estas prácticas de tortura y muerte son cotidianas y rutinarias en todos los lugares de encierro para usuarios de servicios de salud mental: el sábado pasado otras dos personas murieron en un instituto privado de La Plata.
En junio pasado la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) constató las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrían en la fundación San Camilo y reclamó la clausura inmediata de la comunidad terapéutica; unos meses después, reconociendo la situación denunciada, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires ordenó su cierre. La CPM valora esta decisión ministerial y espera que el mismo criterio sea aplicado en otras situaciones para revertir la crítica situación que atraviesan los lugares de encierro para usuarios de servicios de salud mental.
Las razones para ordenar la clausura eran evidentes y demasiadas: prácticas sistemáticas de torturas y malos tratos, personas privadas ilegalmente de su libertad, medidas de aislamiento sistemáticas y arbitrarias, uso abusivo de psicofármacos en el marco de la ausencia completa de un abordaje interdisciplinario de los cuadros médicos. Todo ello fue constatado por el programa de salud mental de la CPM durante la inspección realizada en junio.
A partir de esa tarea de monitoreo, se realizó ante la justicia y las autoridades ministeriales una serie de intervenciones para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos contra los 60 jóvenes y adultos que se encontraban alojados en la comunidad terapéutica. Eso motivó la presentación de un habeas corpus para resguardad la integridad de los usuarios que fue resuelta de manera favorable por el titular del juzgado de Garantías 7 de Pilar, Walter Saettone.
En su resolución, el juez impuso una restricción de admisión e ingreso además de otras medidas vinculadas a la mejora de las condiciones materiales y al abordaje de los padecimientos de las personas allí alojadas. Asimismo se dio intervención al Ministerio de Salud en función de la existencia de irregularidades con respecto a la habilitación.
Como se desprende del habeas corpus, la CPM radicó dos denuncias penales: una de ellas en la Fiscalía 4 de Pilar, a cargo del Dr. Jorge Noceti, en la que se solicitó la investigación por los delitos de torturas, privación de la libertad, lesiones, amenazas, entre otros. Esta investigación se encuentra actualmente en curso. La otra, fue una denuncia contra el ex director provincial de Registro y Fiscalización Sanitaria dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y/o el responsable de la Fundación San Camilo por las irregularidades en la habilitación y la falsificación de los documentos presentados por las autoridades de la comunidad.
Todos estos hechos denunciados y reconocidos ahora por las autoridades judiciales y ministeriales no son, sin embargo, nuevos. La grave situación en la fundación San Camilo viene desde hace años y si llegó a esta instancia fue por la falta de control, complicidad e impunidad que permitió el funcionamiento de este lugar.
El caso más paradigmático fue la muerte de Saulo Rojas, un joven mendocino que se suicidó en 2013, luego de haber sido encerrado arbitrariamente en una celda de aislamiento y tras negarle la dosis de insulina. En el marco de esa causa, la CPM se presentó como amicus curiae para contribuir al avance de la investigación que durante cuatro años no tuvo avances significativos; recién en julio pasado se definió la imputación por homicidio culposo de los dueños y los directivos médicos de la fundación.
El avance en esta causa, el reconocimiento a las denuncias realizadas por la CPM y el cierre de la comunidad terapéutica son importantes, pero lo ocurrido en San Camilo es sólo un caso de los muchos que el organismo releva en sus periódicas inspecciones a los lugares de encierro para usuarios de salud mental. El incendio en el Instituto privado de neuromedicina Jorge Scornik de La Plata, ocurrido en la madrugada del día sábado, que terminó con dos personas muertas, es un claro ejemplo de la precariedad de estos espacios, de la falta de control judicial y de desidia política.
Todo esto ocurre, a su vez, en un contexto de múltiples ataques contra de la ley nacional de salud mental y los derechos consagrados por ella. El último embate está encarnado por el proyecto de derogación del decreto 603/13 del gobierno nacional y la propuesta de una nueva reglamentación. En caso de concretarse, esto representaría en los hechos la vuelta a la concepción del manicomio, el encierro, la sobremedicación y la violencia como único tratamiento para las personas con afecciones en salud mental.