Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la
Provincia de Buenos Aires (Ley Nacional 26.827)

Equipo de producción integrado por:
Carlos Osorio, director del proyecto de documentación del Cono Sur del NSArchive
Silvia Tandeciarz, profesora William & Mary
Área de comunicación y programa contra la corrupción y la inteligencia ilegal – CPM

Los documentos desclasificados por EEUU que revelan el rol de los servicios de inteligencia durante el terrorismo de Estado   

A excepción del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), que gestiona la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el acceso a documentación desclasificada de organismos de inteligencia es aún hoy muy limitado; sin embargo, en la reciente desclasificación de más de 40.000 páginas realizada por el gobierno de Estados Unidos, se encuentran documentos que registran, a través de fuentes oficiales, las variadas acciones de inteligencia desplegadas por las distintas agencias durante el terrorismo de Estado: la obtención de información en las salas de torturas, la identificación de personas “peligrosas” por su militancia, los enfrentamientos fraguados, entre otros. La información que compartimos forma parte de los trabajos de difusión del material desclasificado que la CPM realiza junto al National Security Archive y la universidad William & Mary tras la firma de un convenio celebrado en 2019.

Osvaldo Agustín Cambiaso y Eduardo Daniel Pereyra Rossi, militantes del Movimiento Intransigencia y Movilización Peronista fueron secuestrados el 14 de mayo de 1983 en el Bar Magnum de Rosario en pleno día y a la vista de testigos. Varias horas después, sus cuerpos aparecieron en un camino vecinal de la localidad de Lima, en el norte bonaerense.   

“Ambas detenciones fueron realizadas por personal del destacamento de Paraná del Batallón 601, actuando bajo las órdenes del cuartel general del Batallón 601 de Buenos Aires. Luego de que ambos hombres fueran interrogados, el Batallón 601 solicitó a la Policía de la Provincia de Buenos Aires que montara la muerte de ambos en un incidente falso en la Provincia de Buenos Aires. Esto fue hecho por la Policía de Buenos Aires como fue solicitado”.   

El montaje del operativo está registrado en un cable secreto del 21 de mayo de 1983 de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que tiene por asunto “captura, interrogatorio y asesinato de al menos nueve subversivos desde principios de Abril”. Según se afirma en el cable “la información obtenida de aquellos que fueron capturados primero, fue utilizada para localizar y capturar a los otros”.   

A lo largo de todo el período 1975-1983 los distintos organismos de inteligencia de la Argentina colaboraron entre sí para la persecución, secuestro y desaparición o asesinato de personas identificadas como “amenazas” de acuerdo a la “doctrina de seguridad nacional” vigente durante las décadas del sesenta y setenta.   

Bajo el mando del Ejército, dicha coordinación incluyó un vínculo sistemático con las fuerzas militares y policiales, que no sólo actuaban en el territorio sino que también realizaban inteligencia para identificar a los militantes políticos, gremiales, sociales y estudiantiles que fueron “blanco” de la represión. Estas tareas incluían la obtención de información por diversos medios: interrogatorios, informes ambientales, seguimiento, vigilancia e infiltración, entre otros.   

A partir de la gestión del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) impulsó en 2015 una causa penal, aportó prueba documental del archivo y viene reclamando desde entonces que las acciones de inteligencia se investiguen y condenen como parte constitutiva del terrorismo de Estado.   

La desclasificación de los archivos de las agencias de inteligencia nacionales aportaría mucha más información; lamentablemente aún hoy, a 38 años del retorno de la democracia, el acceso sigue siendo muy limitado. Sin embargo, el archivo de la DIPPBA y documentos como el cable secreto de la CIA aportan una extensa evidencia de la vinculación directa y la retroalimentación entre la faz operativa y la de inteligencia.   

El 19 de noviembre de 1976, casi ocho meses después del golpe de Estado, un reporte de cuatro páginas de la CIA describe el papel de la Central Nacional de Inteligencia en el marco de la campaña antisubversiva: “El principal objetivo del NIC [por las siglas en inglés] es desarrollar y consolidar información sobre los distintos grupos terroristas de izquierda. La tarea es desarrollada primordialmente a través del análisis de documentos confiscados e información provista por subversivos detenidos”.   

Varios años antes, las propias agencias de inteligencia fueron construyendo el “enemigo interno” de la campaña antisubversiva. La Comisión Asesora de Antecedentes funcionó desde 1967 hasta 1982 aproximadamente y se cree que tiene su origen con la promulgación de la ley 1740, más conocida como “de represión al comunismo”. Era la encargada de dictaminar sobre el presunto “grado de desarrollo ideológico” alcanzado por una persona o por una publicación. De acuerdo a fórmulas predeterminadas, se le aplicaba a cada persona una calificación que indicaba el grado de “peligrosidad”.   

Otro de los documentos que forman parte de la más reciente desclasificación ordenada por el gobierno de Estados Unidos permite graficar de qué manera las agencias de inteligencia participaron de la construcción de ese “enemigo interno” y difundieron dicha concepción en el exterior. El documento es un cable del 27 de octubre de 1978 del agregado legal de la Embajada de Estados Unidos en Argentina al director del FBI, en ocasión de las gestiones diplomáticas de más alto nivel para la liberación y partida hacia Estados Unidos de las hermanas María Susana Panero y Marta Alicia Panero.   

La información que transmite el agregado legal Calvin Clegg fue suministrada por el entonces agente de la Policía Federal y luego oficial de la SIDE y del Batallón 601, Arturo H. Poire, descrito como una fuente confidencial extranjera cuya identidad debe protegerse. El documento tiene adjunta la carta original enviada por Poire en donde dice: “Te adjunto todo el material que pude conseguirte de Marta Alicia Panero Zurbriggen, alias ‘Tana’”.

En el cable, el agregado legal Calvin Clegg tras​cribe la información: “De acuerdo con el Servicio de Inteligencia de la prisión donde Marta fue detenida, antes de su partida voluntaria a los Estados Unidos, su comportamiento había sido muy malo y era considerada una presa peligrosa. No se ofrecieron más explicaciones al respecto. La Policía de Córdoba transmitió oralmente que Marta era una activista de Montoneros, una agrupación marxista, involucrada en ataques terroristas en Argentina. La Policía de Córdoba también informó a Arturo que Marta había participado de un intento de atentado, pero no pudieron dar más detalles (…) En la cartera de Marta al momento de su detención se encontró material de propaganda perteneciente a una agrupación conocida como University Peronist Junta, la cual es considerada una organización radical y opositora al gobierno”.   

La carta de Poire es ilustrativa del modo en que los organismos de inteligencia asignaban un nivel de peligrosidad a tareas asociadas a la participación política, en este caso, repartir material partidario, la sospecha de estar involucrada en ataques adjudicados a Montoneros o incluso a la búsqueda de familiares detenidos.   

María Susana fue detenida el 26 de agosto de 1976 por el Ejército y la Fuerza Aérea y Marta fue apresada por la sección de informaciones de la Policía de Córdoba el 3 de septiembre de 1976, mientras buscaba a su hermana. Ambas fueron llevadas a prisión a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y, una vez liberadas, opcionadas a salir del país hacia Estados Unidos: Marta en febrero de 1978 y Susana en enero de 1979. Durante su cautiverio, las hermanas fueron visitadas por funcionarios diplomáticos de Estados Unidos. Incluso, el embajador Raúl Castro discutió el tema personalmente con General Roberto Viola.   

En los últimos meses de la dictadura cívico-militar, otro cable de la CIA  describe la creciente “preocupación” al interior de los servicios de seguridad por las revelaciones en torno a los “excesos cometidos durante la campaña antisubversiva”. Específicamente, se menciona la “gran preocupación” dentro de la SIDE por la revelación de la existencia de “centros clandestinos de detención y tortura”.   

El retorno a la democracia no significó que las agencias de inteligencia abandonaran el espionaje político. El 12 de diciembre de 1984, el agregado legal de la Embajada norteamericana en Montevideo le transmite al Director del FBI información de inteligencia sobre el gabinete del entonces Presidente Raúl Alfonsín y otros miembros de su gobierno.    

Sobre la continuidad de esas prácticas en las agencias de inteligencia, el archivo de la DIPPBA aporta una gran cantidad de información. De un modo que desechaba la normativa vigente así como los consensos básicos sobre los que se asienta la vida democrática de nuestro país, la DIPPBA continuó operando bajo una concepción heredada de la dictadura militar, según la cual la protesta social, la participación política, social, gremial y de toda otra índole eran visualizados como objetos de control y seguimiento de parte del Estado.   

 

La CPM comparte este informe como parte de las tareas de difusión del material desclasificado que la CPM realiza junto al National Security Archive y la universidad William & Mary tras la firma de un convenio celebrado en 2019.   

A su vez, la información presentada está contenida en un informe que la CPM presentó ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los organismos y actividades de inteligencia. En un contexto en donde la justicia federal investiga varias causas de espionaje político realizado durante la gestión gubernamental de la Alianza Cambiemos, prácticas que demuestran que las mismas siguen formando parte del repertorio de actividades de los organismos de inteligencia.   

A 38 años del retorno de la democracia, es indispensable investigar el espionaje ilegal y establecer protocolos de actuación para regular las tareas de las agencias de inteligencia respetando los derechos y garantías constitucionales de toda la ciudadanía.

LOS DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS

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