La Comisión por la Memoria (CPM) presenta un informe al Congreso Nacional y al gobierno bonaerense, en el que se detallan las acciones represivas de las fuerzas de seguridad federales que participaron del operativo desplegado el pasado 18 de marzo, ante las manifestaciones realizadas por organizaciones sociales y políticas en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. La presencia de los equipos de monitoreo de la CPM en tres puntos de reunión de manifestantes y el relevamiento de los restantes, permitió constatar el uso indiscriminado de gas pimienta que ocasionó severas lesiones, ataques a periodistas y observadores de derechos humanos, una detención violenta y arbitraria de una estudiante y la ilegalidad cometida por las fuerzas federales que reprimieron en territorio bonaerense violando la normativa vigente. Se trata de acciones que violan los pactos y tratados internacionales a los que nuestro país adhiere.
En su calidad de Mecanismo Local de prevención de la Tortura y conforme lo establece la Ley 26.827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura en Argentina, la Comisión por la Memoria, de manera coordinada con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) y el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura-Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MLPT-CABA), desplegó el pasado 18 de marzo un dispositivo de monitoreo de las fuerzas de seguridad en el marco de las masivas protestas que se dieron en diferentes puntos de acceso a la ciudad de Buenos Aires.
Los equipos de trabajo estuvieron presentes en tres puntos de la concentración: Puente Pueyrredón (Avellaneda), Puente Liniers (Av. Rivadavia y Gral. Paz), Ruta Nacional 3 y Av. General Paz y relevó información de las protestas realizadas en la subida a la Autopista Buenos Aires – La Plata y la de Puente Saavedra (Av Cabildo y Gral. Paz).
Tras el trabajo de monitoreo y registro, la CPM elaboró un informe pormenorizado de las principales acciones represivas ocurridas en cada uno de estos lugares que será presentado al Congreso de la Nación y el gobierno de la provincia de buenos Aires.
En este informe la CPM describe que durante la jornada de manifestación y protesta del día 18 de marzo se pudo constatar, entre los hechos más graves: a) el despliegue y represión de las fuerzas federales dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, incumpliendo con la Ley de seguridad Interior y el Protocolo “antipiquete”; b) la utilización indiscriminada de gas pimienta contra los manifestantes, y en algunos casos dirigida especialmente contra periodistas y defensores de derechos humanos de parte de la infantería de la Prefectura Naval Argentina, c) la portación de armas de fuego de personal en contacto con manifestantes por parte de la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía Bonaerense y la Policía de la Ciudad, d) la represión con camión hidrante de parte de la Policía de la Ciudad.
Se trató de un uso ilegal, generalizado, desproporcionado y arbitrario de la fuerza dirigido contra una manifestación pacífica y contra actores que se encontraban difundiendo o monitoreando el desarrollo de la manifestación.
Como consecuencia de estas acciones represivas, el informe establece que en el corte de Puente Pueyrredón, al menos 135 personas padecieron diferentes tipos de lesiones, según lo informado por la Posta Sanitaria Tribuna Salud, la organización Polo Obrero y lo relevado por los equipos de monitoreo. La Posta Sanitaria informó haber asistido a 123 personas y 5 de ellas debieron ser hospitalizadas por la gravedad de sus cuadros, todas ellas afectadas por gas pimienta u otros tóxicos y traumas de diferente entidad.
Elrociado con gas pimienta se utilizó de manera injustificada contra manifestantes, dirigentes sociales, periodistas e integrantes de instituciones y organismos de Derechos Humanos por parte de la Prefectura Naval Argentina. Se observó su empleo direccionado de manera intencional y a corta distancia contra el rostro, generando gran impacto en la vista y vías respiratorias. En el informe también se advierte como práctica, el uso de estos elementos para impactar en personas indeterminadas, esparciendo el gas al aire para que se distribuya en la dirección del viento para buscar un impacto generalizado en la multitud.
Los médicos integrantes de Postas Sanitarias advirtieron sobre las graves lesiones relevadas por el uso del gas pimienta y denunciaron públicamente que se trata de un gas particularmente espeso y oleoso que produce lesiones importantes no sólo en las vías respiratorias y los ojos, sino también al contacto con la piel.
En este punto, el informe de la CPM destaca una advertencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que indica la necesidad de regularse “la composición y concentración de las sustancias químicas” utilizadas por las fuerzas de seguridad.
Otro hecho de violencia sobresaliente de la jornada se produjo en el corte de General Paz y Rivadavia. A las 13:00 hs. Y sin que mediara situación previa, se observó que el personal policial masculino y femenino, en número desproporcionado, procedió a detener a una joven que fue identificada como Sonia Condori, estudiante de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) y militante del MST. La joven fue arrastrada, sometida mediante violencia física contra unas rejas por personal policial de ambos sexos y luego fue introducida en un móvil de la Policía de la Ciudad (patente AD795NJ). Mientras se producía la detención, agentes de la policía intentaron evitar que el trabajo de monitoreo del equipo de la CPM mediante empujones y golpes.
La joven fue liberada a las 14.00 hs. y entrevistada por el equipo de la CPM. Allí se constató que estaba muy mal emocionalmente por las agresiones sufridas. Según consta en el informe, en el marco de la entrevista se pudo observar que la joven tenía contusiones, moretones, rasguños. La víctima manifestó que la mayoría de estos se los hicieron cuando ya se encontraba dentro del móvil policial. El caso fue derivado al Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de CABA que continuó con la intervención, informandose luego que había sufrido la fractura de una costilla.
El informe también da cuenta de otro hecho de violencia ocurrido en el corte de las avenidas Mitre y Montes de Oca. Allí se registró la agresión de al menos seis (6) integrantes de distintos medios de comunicación. El periodista de A24, Leo Godoy, su camarografo y el cronista Carlos Ferrara de Canal 9 fueron arrinconados con los escudos contra un puesto de diario y también fueron alcanzados por gas pimienta. Otro periodista fue golpeado en las piernas. El cronista Carlos Ferrara de canal 9 fue derivado al Hospital Fiorito al ser afectado gravemente por el gas pimienta, traslado que se hizo efectivo por la ambulancia de PNA ante la demora en llegar del SAME.
También se registraron otros tres (3) periodistas que fueron alcanzados por los gases: Paola Acunzo (fotógrafa de ARGRA) que padeció fuerte ardor en brazos y cara, Agustina Salinas (fotógrafa de La obrera-colectivo fotográfico) que sufrió ardor en cuello y Andrés Pelozo (Reportero gráfico-De Ramos) que padeció ardor fuerte en ojos, cara y cuello.
A propósito de estos hechos, el informe señala especialmente que la labor periodística en este tipo de manifestaciones es fundamental y así lo reconoce la CIDH: “Los propios medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en el proceso de rendición de cuentas de hechos de violencia cometidos en protestas sociales al condenar las agresiones, al dar seguimiento sobre los hechos y el estado de las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos como forma de presión para combatir la impunidad”.
El informe agrega además otros hechos ocurridos en la protesta del Puente Pueyrredón y del Puente Liniers, donde integrantes del equipo de la CPM fueron agredidos por las fuerzas de seguridad. En la zona de Puente Pueyrredón un agente de la PNA roció con gas pimienta en el rostro y cuerpo a Roberto Cipriano García, integrante y Secretario Ejecutivo de la Comisión por la Memoria. Un agente de esta fuerza avanzó sobre él y a menos de 20 cm de distancia lo roció con gas pimienta directamente en su cara, cuello, pecho y brazos, ocasionando la pérdida de la visión durante aproximadamente media hora y dificultades respiratorias y ahogo durante varios minutos.
Por otro lado, en Avenida Rivadavia y General Paz, tres integrantes del equipo de monitoreo de la CPM, Cristian Escanes, Facundo Arrue y Diego Rubaja, recibieron empujones, codazos y golpes de parte de agentes de la policía, mientras registraban la detención arbitraria de una mujer en el lugar.
El informe también detalla que en dos de las manifestaciones, la ubicada en Puente Liniers y la que se llevó a cabo en Ruta Nacional 3 y Avda. General Paz, se identificó a personal policial de las distintas fuerzas federales (Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional) y de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ciudad, portando sus armas de fuego reglamentarias con sus respectivos cargadores mientras estaban en contacto con manifestantes, siendo esto contrario a la normativa vigente y a las recomendaciones de los organismos internacionales de Derechos Humanos.
Los integrantes de la Policía Motorizada que estuvieron presentes en los cortes de Puente Pueyrredón, si bien no intervinieron en ninguno de estos, también portaban armas de fuego reglamentaria, a la que agregaban las escopetas con postas de goma, tonfas y tarros de gas pimienta.
Tomando en cuenta los principios de necesidad y proporcionalidad de uso de la fuerza que deben guiar el accionar policial, para las manifestaciones o protestas sociales no se admiten situaciones en que se pueda disparar indiscriminadamente a una multitud o en que la fuerza letal pueda utilizarse para disolver una protesta.
Finalmente el informe también advierte sobre otro hecho de gravedad institucional. La intervención de las fuerzas federales registrada en el territorio bonaerense, relevado el corte de Puente Pueyrredón y Puente Saavedra, viola la normativa vigente en la ley de Seguridad Interior N° 24.059. Ninguno de los supuestos previstos legalmente ocurrieron el día 18 de marzo, no existió pedido del gobierno provincial ni orden judicial para que intervengan las fuerzas federales, que por lo tanto violaron claramente la normativa vigente al reprimir en territorio de la provincia de Buenos Aires.
La CPM también señala en su informe que, paradójicamente, para evitar los cortes de ruta se aplica el Protocolo Antipiquete (Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación), pero que esto implica que sean las propias fuerzas de seguridad quienes cortan las calles con grandes despliegues de efectivos y vehículos que incluyen centenares de agentes y vehículos de todo tipo (motos, patrulleros, camiones, combis, unimogs y camiones hidrantes).
El uso del espacio público para las expresiones políticas y las demandas sociales son constitutivos de la democracia. La aplicación del Protocolo Antipiquete no sólo cercena un derecho constitucional básico sino que es una oportunidad para el despliegue de la violencia represiva altamente lesiva para las personas y los bienes públicos y totalmente ineficaz para el objetivo que busca conseguir: la libre circulación de las personas.