El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Consejo Federal de Mecanismos Locales expresan su preocupación por los hechos acontecidos en el Puente Pueyrredón, donde un grupo de manifestantes fue desalojado haciendo uso excesivo de la fuerza pública.
Este acontecimiento se inscribe en una sucesión de hechos represivos que tuvieron su origen en la vigencia del “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público” del Ministerio de Seguridad de la Nación, el cual coarta el derecho a reunión y el ejercicio de la libertad de expresión en espacios públicos.
Dicho protocolo ya ha sido observado tanto por el CNPT, como por el Consejo Federal de Mecanismos Locales por no adaptarse a los pronunciamientos internacionales de protección al derecho a la protesta ni a los estándares del uso de la fuerza menos letal.
En esta ocasión, en las inmediaciones del Puente Pueyrredón, las fuerzas de seguridad reprimieron con gases a las columnas de manifestantes que avanzaban en dirección a CABA. De manera indiscriminada, los agentes arrojaron gases dirigidos al rostro de los manifestantes.
Por este motivo, el CNPT y el CFML remitieron pedidos de informes a los ministerios de Seguridad de la Nación y de CABA para que se envíe información acerca de cuáles han sido las divisiones policiales intervinientes, se identifique al personal que haya ejercido funciones de supervisión, se detalle las armas utilizadas, los equipamientos usados, el tipo de gas lacrimógeno y las directivas impartidas, entre otros puntos.
En la represión, mientras avanzaban contra los manifestantes, los agentes de la Prefectura Naval arrojaron agresivos químicos de manera intencional y en dirección a la cara del Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, quien se encontraba ejerciendo la labor de monitoreo asignada por la Ley, en tanto Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. También fueron agredidos tres integrantes del equipo de monitoreo de la CPM, Cristian Escanes, Diego Rubaja y Facundo Arrue, durante la concentración en Puente Liniers.
El CNPT y el CFML advierten que el Estado debe garantizar la labor de defensores/as de derechos humanos quienes tienen como objetivo supervisar el accionar de los/as funcionarios/as encargados/as de hacer cumplir la ley durante el desarrollo de las manifestaciones y protestas sociales con el fin de prevenir malos tratos y, en consecuencia, manifiestan su extrema preocupación por estos hechos.
Tanto el Comité como el CFML señalan que los hechos en los que hubo manifestantes heridos deben ser investigados conforme al Protocolo de Estambul para la investigación eficaz, pronta e imparcial de casos de tortura o malos tratos, con la debida sanción de los responsables. En ese sentido, el CNPT y la CPM harán las presentaciones judiciales correspondientes a la brevedad.
Desde el CNPT y el CFML instamos a las autoridades a respetar el derecho a la protesta social, reconsiderar el protocolo de mantenimiento del orden público y sus prácticas asociadas, abordando las demandas sociales a través del diálogo.