Más de mil personas acompañaron a familiares y amigos de las víctimas de las masacre de la comisaría 3ra de Esteban Echeverría en la marcha por las calles de Monte Grande. Justicia por los diez y el Estado es responsable fueron las principales consignas de una movilización atravesada por el dolor, la organización y la voluntad de empujar en las calles la justicia de los tribunales. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y cerca de 400 integrantes de la Red nacional de familiares contra la tortura y otras violencias estatales participaron de la marcha.

Jeremías Rodriguez, Elías Soto, Walter Barrios, Carlos Corvera, Jorge Ramírez, Miguel Ángel Sánchez, Juan Carlos Fernández, Juan Lavarda, Eduardo Ocampo y Fernando Arguello murieron en la masacre de la comisaría 3ra de Esteban Echeverría ocurrida en la madrugada del 15 de noviembre. Un mes después, cientos de hombres y mujeres corearon sus nombres al grito de justicia en la movilización de esta tarde en Monte Grande, desde plaza Mitre hasta el espacio de memoria de esta localidad. El grito desgarrado de dolor de los familiares y amigos de las víctimas se confundía entre abrazos, caricias y el aliento colectivo de todos los que marchaban detrás de ellos.

“Un mes de la peor masacre, marchamos pidiendo verdad y justicia. No hubo motín ni fuga, nuestros pibes murieron porque quienes tenían que cuidarlos no actuaron como debieron. También porque hay un Estado ausente que no hizo nada por impedir la masacre, que nos hicieron sufrir todo este tiempo. Espero que la gobernadora y el ministro respondan“, dijeron los familiares al final del recorrido.

Junto a ellos, caminó la columna de unos 400 integrantes de la Red nacional de familiares contra la tortura y otras violencias, que trabajan de manera articulada con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). También acompañaron la movilización organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, políticas y sociales y personas de la localidad. Entre ellos el diputado nacional Horacio Pietragalla, el diputado provincial Miguel Funes, el ex diputado Luis Delia, Rodrigo Tapia de la CTA autónoma y Florencia Ricchieri y Fabiana Brea de la CTA de los trabajadores. El municipio de Esteban Echeverría presto colaboración para la organización del acto.

“En nombre de las madres, estamos siempre cerca de estos hechos horribles, masacres donde el Estado es responsable, más aún en estos momentos con un gobierno que premia a los policías asesinos, con una ministra que provoca la violencia todos los días. Pero no podrán dividirnos, nos tenemos y nos acompañamos para seguir estas luchas”, señaló Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora e integrante de la CPM.

De la movilización, también participaron los integrantes del organismo Roberto Cipriano García y Susana Méndez, y la directora general Sandra Raggio. “Hay una justicia cómplice de esta barbarie que justifica y encubre la represión y la tortura para sostener este modelo desigual”, remarcó Cipriano García.

Entre los 400 familiares que asistieron a la jornada de justicia, se encontraban Silvia Rosito, mamá de Fernando Latorre, y Andrea Filiberto, hermano de Sergio, dos de los jóvenes muertos en la masacre de la comisaría 1ra de Pergamino en marzo de 2017. “Sentimos que con Echeverría, volvimos a foja cero, que todo volvió a pasar sin que nadie nos escuche. Otra vez el silencio de los medios y los comentarios de odio en redes sociales de determinados sectores de la sociedad. Hoy queríamos estar acá y abrazarlos, sabemos que será una lucha muy larga y difícil, y que la organización, el encuentro con otros familiares, es una herramienta fundamental para hacer andar esa lucha”, remarcó Filiberto.

Desde el 2015, cuando asumió la gestión actual en la Provincia, 68 personas murieron en comisarías bonaerense, 17 asfixiadas y quemadas: 7 en Pergamino y 10 en Esteban Echeverría. Una y otra masacre fueron previsibles: la CPM venía denunciando el hacinamiento, las condiciones inhumanas de detención y la falta de elementos de seguridad en las dependencias policiales, muchas de ellas, inhabilitadas incluso por orden judicial. Sin embargo, el Estado no hizo nada. Cuando ocurrió la masacre de Pergamino, la CPM volvió a alertar que, de no haber cambios profundos, otra masacre podría volver a pasar. Lamentablemente pasó.

La comisaría 3ra de Esteban Echeverría tenía siete órdenes de clausura que inhabilita el uso de los calabozos para el alojamiento de personas; sin embargo, la madrugada de la masacre había 26 detenidos en un lugar para 10, según el cupo que informó la misma policía. La desobediencia de las órdenes de clausura es la muestra más clara y cruel de su responsabilidad por estas muertes. Sumando a esto, la comisaría no contaba con colchones ignífugos ni sistema de prevención de incendio ni plan de contigencia y los dos matafuegos en la dependencia tenían la carga vencida.

A pesar de la notoria responsabilidad del Estado por esta masacre, ya pasó un mes y los funcionarios provinciales todavía no se han pronunciado públicamente ni contactaron a las familias de las víctimas. En paralelo al expediente judicial, una resolución de la Auditoría de Asuntos Internos decidió desafectar a los cincos políticas que estaban en funciones la madrugada de la masacre. Otra muestra, esta desde el mismo Estado, que reconoce su responsabilidad por el hecho.

Mientras tanto, los familiares y amigos de las 10 víctimas están, como ahora, en las calles, empezaron a tejer redes de contención y encuentro con otras organizaciones y familiares. La multitudinaria marcha de hoy deja un mensaje contundente: nadie está dispuesto a olvidar ni dejar que la masacre de Esteban Echeverría quede impune.

“No vamos a dejar la lucha nunca. Sabemos quiénes son los responsables y vamos a seguir hasta que paguen en la justicia por lo que hicieron”, cerraron los familiares.

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