El 1º de junio un patrullero policial, sin identificarse, sin usar la sirena y con las  luces azules apagadas, se cruzó de carril, a contramano, para interceptar el paso de una moto que venía en sentido contrario, perseguida por otro móvil policial por violar la cuarentena. La colisión que provocó la maniobra intencional de la policía  tuvo como resultado los homicidios de  Ezequiel de 30 años y Ulises de 25, tripulantes de la motocicleta. Los dos jóvenes murieron por el uso desmedido, arbitrario e ilegal de la fuerza policial. En los últimos cuatro años, las persecuciones y muertes estatales utilizando patrulleros ascendieron al menos a 27, convirtiéndose en un ejemplo más de la letalidad que despliega la Policía Bonaerense en los territorios. El caso más grave fue la masacre de Monte, pero hubo otros antes y después. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura bonaerense, patrocina a las familias de Ezequiel y Ulises. Centenares de personas marcharon en San Nicolás reclamando justicia.

El lunes 1º de junio, alrededor de las 3 de la madrugada, Ezequiel Corbalán y Ulises Rial iban en moto a la casa de otro amigo. En el camino, un operativo policial quiere detenerlos para identificarlos porque estaban incumpliendo el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Por temor a que le secuestren la moto que usaba para trabajar como repartidor, Ezequiel aceleró y esquivó al personal policial.

En ese momento, los efectivos de la Policía Local lanzan un operativo cerrojo para detener el vehículo. La persecución dura pocas cuadras; en las calles Carbajo y Piaggio del barrio San Martín de la ciudad de San Nicolás, un patrullero que venía de frente y sin las sirenas ni luces azules prendidas —las tenía rotas desde diciembre—, se cruza de carril intencionalmente para cerrarles el paso, Ezequiel maniobra para evitar el choque, pero impacta sobre el costado izquierdo del patrullero. Los dos jóvenes salieron despedidos y golpearon contra el asfalto: Ulises murió casi en el acto, tenía 25 años; Ezequiel de 30 falleció el jueves pasado después de estar internado casi cuatro días en grave estado.

La causa, a cargo del titular de la UFI 6 de San Nicolás Rubén Giagnorio, está actualmente caratulada como doble homicidio culposo. El fiscal aún no pidió la detención de los agentes policiales que aún continúan en funciones.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires, se presentó como patrocinante de las familias de las dos víctimas y se reunió ayer con el fiscal y el Secretario del Juzgado de Garantías N 1 Román Parodi.

Durante esa reunión, la CPM remarcó la necesidad de inscribir el hecho como un caso de violencia estatal y uso letal de la fuerza. El homicidio de los dos jóvenes no fue un accidente. Fue un homicidio doloso calificado por ser ejecutado por funcionarios policiales.

La persecución policial que termina con la muerte de los dos jóvenes es una muestra más de la desprofesionalización de las fuerzas seguridad y la falta de racionalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Las policías deben actuar bajo estos principios, más aún cuando no hay riesgo alguno para nadie. Este caso es un claro ejemplo de ese accionar arbitrario y discrecional: el simple hecho de esquivar un control policial no puede justificar el operativo que se desplegó posteriormente y que causó este doble crimen.

Un crimen que, además, nos remonta en el corto tiempo a una de los episodios más brutales ocurridos en suelo bonaerense: la masacre de San Miguel del Monte. También allí, la persecución policial se habría iniciado porque el vehículo no paró en un control policial. El desenlace es conocido: el auto impactó contra el acoplado de un camión y murieron cuatro jóvenes y adolescentes de entre 22 y 14 años, otra niña de 14 se salvó de milagro. En ese caso, durante la persecución, los policías también dispararon.

La masacre de Monte en toda su brutalidad no fue, sin embargo, un caso aislado: durante los últimos años, la CPM advirtió en sus informes el incremento de estos hechos, donde los patrulleros policiales se convierten en un brazo ejecutor de la violencia que utilizan los agentes para producir muertes.

Sólo entre 2016 y 2019, el registro de casos de uso letal de la fuerza de la CPM, arroja que en la provincia de Buenos Aires hubo 27 muertes ocasionadas por policías con sus patrulleros. Este número significa casi el 6% del total de las muertes relevadas.

El doble homicidio de Ezequiel y Ulises se suma a esa lamentable lista. La gravedad del hecho amerita que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la rapidez y eficacia en la investigación judicial y condenar a los responsables. Cientos de vecinos marcharon por la ciudad reclamando justicia por este doble crimen que aún permanece impune.

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