En un informe que se presentará esta semana ante el Comité de Derechos Humanos se advierte sobre el agravamiento de la situación carcelaria en la provincia y las consecuencias de las políticas de seguridad.
La Comisión por la Memoria presentará un informe ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se alerta sobre el agravamiento de la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires. El documento será presentado por Alejandro Mosquera y Roberto Cipriano García durante dos audiencias concedidas el 8 y 11 de marzo en la ciudad de Nueva York, en el marco de la sesión 98 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“La provincia de Buenos Aires concentra el 50% de todas las personas detenidas en el país. Su tasa de encarcelamiento es de las más altas de la región. La población carcelaria está creciendo en la provincia de Buenos Aires, nuevamente se superan los 30.000 detenidos. Las sobrepoblación en las cárceles es el marco que agrava la violencia institucional sobre los detenidos. La tendencia es preocupante: actualmente, sólo en comisarías tenemos 4700 detenidos. Este panorama va a agravarse si se aprueba la iniciativa del gobernador Scioli de volver a endurecer el régimen de excarcelaciones y aún más si insiste con un código contravencional arcaico y basado en dotar de mayor poder arbitrario a la policía bonaerense, tal como anunció en su discurso de apertura de la sesiones ordinarias de la Legislatura. Estas políticas ya han demostrado su ineficacia frente al delito y son promotoras de violaciones de los derechos humanos. Esta semana hemos tenido reuniones con legisladores de los distintos bloques advirtiendo sobre esta situación. Ahora lo haremos en los foros internacionales” afirmó Alejandro Mosquera, miembro de la Comisión por la Memoria.
El informe que se presentará ofrece una visión alternativa a la presentada por el gobierno nacional ante las Naciones Unidas. “Puntualmente nos detenemos en la situación de la provincia de Buenos y las graves consecuencias de las políticas penitenciarias, de seguridad y niñez impulsadas en estos últimos dos años”, explicó Roberto Cipriano, coordinador del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria.
El ciclo que integran los largometrajes “Un claro día de justicia”, “Nosotras que todavía estamos vivas”, “Sr. Presidente” y “La santa Cruz” y los cortometrajes “30/30.000”, “Lucía y las cosas”, “Granada”, “En ausencia” y “Palabras” se podrá ver a partir del 1º de marzo, en los Espacios Incaa Km2 de San Telmo, Km 60 de La Plata, Km470 de Paraná y Km1020 de Resistencia. Contará, además, con la presencia del equipo del Programa “Consecuencias actuales del terrorismo de Estado” de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, testigos que participaron de la realización de los films y actores intervinientes en el proceso judicial, quienes conversarán con el público sobre la temática en cuestión.
Organizaciones de derechos humanos celebran la creación del Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura en la provincia de Chaco.
La provincia de Chaco promulgó la ley de creación del Mecanismo Provincial de Prevención contra la Tortura y se convirtió en la primera jurisdicción del país que establece un dispositivo de contralor de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad. La ley que genera este mecanismo fue sancionada por unanimidad en una sesión extraordinaria de la Legislatura en diciembre de 2009. La provincia cumple así con lo ordenado por el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura de Naciones Unidas. El Mecanismo local crea un Comité con capacidad para realizar visitas periódicas, sorpresivas e irrestrictas a todos los lugares de detención de la provincia; con amplias facultades para el acceso y la producción de información. Además, prevé la participación de organizaciones de la sociedad civil en este monitoreo. Para las organizaciones de derechos humanos firmantes, la creación de este Mecanismo representa un gran avance en un contexto en el que la tortura, los malos tratos y las condiciones inhumanas de detención generan una situación masiva de violación de derechos de las personas privadas de libertad en el país; y en el que las investigaciones judiciales resultan ineficaces para sancionar a los responsables y generar políticas de prevención.
Presentación de una iniciativa multi-sectorial para dar respuesta a las demandas de seguridad desde una perspectiva democrática
A partir de una iniciativa de la Comisión Provincial por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales, se presentó en el Congreso Nacional un documento titulado Acuerdo para la seguridad democrática, consistente en diez puntos que refutan los planteos de mano dura para combatir el delito y proponen políticas alternativas. Una gran novedad es la amplitud del arco que suscribió el documento: además de los organismos de derechos humanos que habitualmente impulsan estas iniciativas, se contó con el apoyo de un amplísimo arco político. Prueba de ellos fue la presencia en el recinto de dirigentes nacionales de los partidos mayoritarios. Así pudo verse junto al presidente de la Comisión por la Memoria Hugo Cañón y a la histórica dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, a Ricardo Gil Laavedra, Ricardo Alfonsín, Felipe Solá, Margarita Stolbizer, Aníbal Ibarra, Ariel Basteiro. La misma amplitud revistió el apoyo sindical, a tal punto que el documento fue firmado tanto por el Secretario General de la C.T.A. Hugo Yasky como por el titular de la C.G.T. Hugo Moyano.
La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires expresa su honda preocupación y rechaza la resolución de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal -integrada por el doctor Raúl R. Madueño como presidente y los doctores Juan C. Rodríguez Basavilbaso y Juan E. Fégoli– que revoca el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que consideró delitos de lesa humanidad a las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares contra conscriptos argentinos en Malvinas durante el conflicto bélico. Esto implica lisa y llanamente dejar impunes estos hechos aberrantes al considerar prescripta la acción penal.
La memoria de la Guerra de Malvinas ha sido deliberadamente escindida de la dictadura militar que la produjo. Atravesada por la cuestión de la soberanía nacional puesta en juego allí, durante años fueron silenciadas las violaciones a los derechos humanos cometidas por oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas a los soldados conscriptos. Como ha sido denunciado por ellos mismos en las causas judiciales que hoy quieren detenerse, durante el conflicto bélico la superioridad militar les infringió crueles torturas como estaqueamientos, enterramientos, privación de alimentos y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Poco a poco los ex combatientes fueron capaces de narrar estas historias. No fue un proceso fácil. A las secuelas traumáticas que les dejó el conflicto, se le sumó el silencio forzoso al que los sometieron las FFAA luego de la rendición y más tarde la “desmalvinización” sobrevenida en la transición. Y en todos esos años estuvieron solos.
Hoy en día, apañados en un discurso patriotero, hay quienes acusan a los ex combatientes que han tenido la valentía de denunciar estos delitos, de “antipatrias” y de realizar una campaña de desprestigio de las FFAA. Debemos ser muy cautos frente a estos sectores, pues en las batallas por la memoria de Malvinas se despliega una disputa mayor, que implica la reivindicación de las FFAA, y de esa manera ocluir su accionar represivo durante la dictadura.
En esto queremos ser muy claros. La “causa por Malvinas” incluye también la lucha por la verdad, justicia y memoria de las violaciones a los derechos humanos cometidas en las islas por los mismos militares que llevaron adelante un plan genocida en el continente. Es una de las deudas pendientes que la democracia aún no pudo resolver en estos 26 años transcurridos. No se puede esperar más.
La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires expresa su solidario apoyo los ex combatientes y a las distintas entidades que los agrupan, en entre otros el CECIM de La Plata y la Red de compromiso social por Malvinas, que han venido luchando todos estos años por la apertura de las causas, y exige la acción decidida de la justicia como aporte imprescindible a la memoria de la Guerra de Malvinas en particular y de la última dictadura en general.
El viernes 27 de noviembre a las 19 horas se inauguró la muestra fotográfica Diana de Marcos Adandía, en el Museo de Arte y Memoria (calle 9 número 984 entre 51 y 53).
El fotógrafo Marcos Adandía –editor de la revista Dulce Equis Negra- acompaña algunos tramos de la corta vida de Diana, una joven travesti que murió de sida a los 23 años. Dice la breve biografía que acompaña la muestra: “a los 14 años fue echada de su casa y desde entonces vivió en la calle; a los 19 definió su identidad travesti y ejerció la prostitución callejera en las calles del Oeste del GBA. A los 23, en 1996, Diana murió de sida en el Hospital Muñiz”. Con una mirada sensible, Adandía retrata algunos tramos de la dolorosa vida de Diana.
La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires presenta el libro La última dictadura militar en la Argentina: entre el pasado y el presente, una producción del área de Investigación y Enseñanza, y de las nuevas colecciones documentales en CD/DVD elaboradas por el área Centro de Documentación y Archivo.
El libro, coordinado por Sandra Raggio y Samanta Salvatori, cuenta con las siguientes colaboraciones: Mercedes Maiztegui. Autores: Mariana Amieva, Gabriela Arreseygor, María Dolores Béjar, Verónica Delgado, Raúl Finkel, Carlos Gassmann, Margarita Jarque, Martín Legarralde, Margarita Merbilháa, Ana Príncipi, Sergio Pujol, Sandra Raggio, Geraldine Rogers, Samanta Salvatori. Esta serie de la colección documental está compuesta por los siguientes trabajos: Visita de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos de 1979, con introducción de Hernán Sorgentini / Petroquímica Sudamericana - Hilandería Olmos - Mafissa, con introducción de Victoria Basualdo / Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, con introducción de Esteban Campos / Universidad Nacional del Sur, con introducción de Patricia Orbe.
Luciano Nahuel Arruga, de 16 años, fue secuestrado durante la madrugada del 31 de enero de 2009, en la jurisdicción donde se encuentra el Destacamento Policial de Lomas del Mirador. Hasta el día de la fecha no se sabe nada de él. Testigos que vieron a Luciano por aquellos días afirman que estuvo detenido en el Destacamento y que fue golpeado salvajemente. Es importante señalar que Luciano ya había estado detenido en el Destacamento de Lomas del Mirador, el día 21 de septiembre de 2008 desde las 9 horas hasta entrada la noche. Cuando sus familiares se acercaron hasta allí, pudieron escuchar los gritos de Luciano mientras era golpeado por la policía. Se debe resaltar que este destacamento no posee instalaciones para albergar detenidos, y que Luciano permaneció todo el tiempo en la cocina de esta casa de detención ilegal instalada por los “vecinos en alerta” VALOMI (Vecinos de Lomas del Mirador). Desde aquel día de septiembre, las amenazas policiales fueron permanentes y culminaron, sospechosamente, con la posterior desaparición de Luciano. Luciano, como todos los chicos humildes del barrio, era constantemente hostigado por la policía. Existe una causa judicial por averiguación de paradero. En su inicio, la causa estuvo a cargo de la fiscal Castelli de la UFI N º 7 de San Justo. Desde un primer momento los familiares de Luciano solicitaron a la fiscal para que siga la pista policial, ya que él había recibido reiteradas amenazas por parte de efectivos policiales que llegaron al punto de ponerle un arma en el pecho. A pesar de la presión de la familia, que presentó 3 escritos en la fiscalía, la fiscal Castelli tuvo durante 35 días paralizada la causa, siguiendo pistas ridículas y declaraciones de chicos de 12 años de edad tomadas ilegalmente en sede policial. Finalmente y debido a todas estas irregularidades la Fiscal General decidió apartarla de la causa, que recayó en manos de la UFI N º1 a cargo de la Dra. Cejas, quien desde hace unos días esta a cargo de la investigación.
Diez años de la Comisión Provincial por la Memoria Los desafíos del presente en la agenda de la memoria. Crónica, ponencias y debates
El movimiento de 1968 en Italia y la paradoja de la historia oral ausente. Escribe Alessandro Portelli
Dossier documentos: a treinta años de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comentario de Hernán Sorgentini
Editorial. Un rumbo peligroso: menos garantías, menos derechos y nuevo pacto con el poder policial
Carlos Cajade, memoria y homenaje. Por Javier Sahade
Colombia: construir memoria en medio del conflicto. Por María Cristina Rivera
El arte en la calle y la calle en el arte, Grupo Artistas Plásticos Solidarios. Entrevistas de Laura Ponisio, Julia Alba, Ingrid Jaschek y Javier Ponce
Un libro especial: El derecho a tener derechos. Por Daniel Badenes
Jóvenes y Memoria. Recordamos para el futuro. Comisión Provincial por la Memoria
La construcción política del martirio y la construcción religiosa del desaparecido. Por Fortunato Mallimaci y Soledad Catoggio
Tres años sin López Es un duro revés para los valores de la verdad, la justicia y la lucha contra la impunidad que la desaparición del testigo Jorge Julio López no haya sido esclarecida. Transcurridos dos años, la investigación judicial no ha logrado establecer pistas firmes acerca de lo que sucedió. Seguimos sin saber quiénes fueron los responsables. Quiénes los instigadores. Y quiénes los que encubrieron o formaron parte de un entramado de complicidades y torpezas que explican el naufragio de la investigación.
.jpg)