Durante el mes de enero, la Comisión Provincial por la Memoria funciona de 9 a 15 horas. El Museo de Arte y Memoria permanecerá cerrado al público hasta el 16 de febrero.
Presentación de una iniciativa multi-sectorial para dar respuesta a las demandas de seguridad desde una perspectiva democrática
A partir de una iniciativa de la Comisión Provincial por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales, se presentó en el Congreso Nacional un documento titulado Acuerdo para la seguridad democrática, consistente en diez puntos que refutan los planteos de mano dura para combatir el delito y proponen políticas alternativas. Una gran novedad es la amplitud del arco que suscribió el documento: además de los organismos de derechos humanos que habitualmente impulsan estas iniciativas, se contó con el apoyo de un amplísimo arco político. Prueba de ellos fue la presencia en el recinto de dirigentes nacionales de los partidos mayoritarios. Así pudo verse junto al presidente de la Comisión por la Memoria Hugo Cañón y a la histórica dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, a Ricardo Gil Laavedra, Ricardo Alfonsín, Felipe Solá, Margarita Stolbizer, Aníbal Ibarra, Ariel Basteiro. La misma amplitud revistió el apoyo sindical, a tal punto que el documento fue firmado tanto por el Secretario General de la C.T.A. Hugo Yasky como por el titular de la C.G.T. Hugo Moyano.
La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires expresa su honda preocupación y rechaza la resolución de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal -integrada por el doctor Raúl R. Madueño como presidente y los doctores Juan C. Rodríguez Basavilbaso y Juan E. Fégoli– que revoca el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que consideró delitos de lesa humanidad a las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares contra conscriptos argentinos en Malvinas durante el conflicto bélico. Esto implica lisa y llanamente dejar impunes estos hechos aberrantes al considerar prescripta la acción penal.
La memoria de la Guerra de Malvinas ha sido deliberadamente escindida de la dictadura militar que la produjo. Atravesada por la cuestión de la soberanía nacional puesta en juego allí, durante años fueron silenciadas las violaciones a los derechos humanos cometidas por oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas a los soldados conscriptos. Como ha sido denunciado por ellos mismos en las causas judiciales que hoy quieren detenerse, durante el conflicto bélico la superioridad militar les infringió crueles torturas como estaqueamientos, enterramientos, privación de alimentos y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Poco a poco los ex combatientes fueron capaces de narrar estas historias. No fue un proceso fácil. A las secuelas traumáticas que les dejó el conflicto, se le sumó el silencio forzoso al que los sometieron las FFAA luego de la rendición y más tarde la “desmalvinización” sobrevenida en la transición. Y en todos esos años estuvieron solos.
Hoy en día, apañados en un discurso patriotero, hay quienes acusan a los ex combatientes que han tenido la valentía de denunciar estos delitos, de “antipatrias” y de realizar una campaña de desprestigio de las FFAA. Debemos ser muy cautos frente a estos sectores, pues en las batallas por la memoria de Malvinas se despliega una disputa mayor, que implica la reivindicación de las FFAA, y de esa manera ocluir su accionar represivo durante la dictadura.
En esto queremos ser muy claros. La “causa por Malvinas” incluye también la lucha por la verdad, justicia y memoria de las violaciones a los derechos humanos cometidas en las islas por los mismos militares que llevaron adelante un plan genocida en el continente. Es una de las deudas pendientes que la democracia aún no pudo resolver en estos 26 años transcurridos. No se puede esperar más.
La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires expresa su solidario apoyo los ex combatientes y a las distintas entidades que los agrupan, en entre otros el CECIM de La Plata y la Red de compromiso social por Malvinas, que han venido luchando todos estos años por la apertura de las causas, y exige la acción decidida de la justicia como aporte imprescindible a la memoria de la Guerra de Malvinas en particular y de la última dictadura en general.
Una jueza declaró ilegal el alojamiento de un niño en un hogar religioso
La jueza de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1, Dra Blanca Lasca, hizo lugar a un hábeas corpus presentado por el Comité contra la Tortura a favor de Matías, un niño que fue externado de la Unidad 33 de Los Hornos –donde vivía con su madre detenida- e internado en el Hogar Divina Luz. La resolución judicial declara ilegal la privación de la libertad que viene sufriendo Matías, dispone arbitrar las medidas necesarias establecer un régimen de visitas con su madre y constata la situación irregular de otros 11 niños alojados en el Hogar Divina Luz.
En la presentación, el Comité dio cuenta de una situación habitual que sufren las mujeres detenidas junto a sus hijos: salidas e ingresos de los niños a las unidades carcelarias sin intervención de profesionales especialmente asignados para acompañar ese proceso; salidas de los niños de las unidades penales con personas que no forman parte de su vínculos familiares. Estas acciones se enmarcan en un procedimiento arbitrario e irregular llevado a cabo por el Servicio Penitenciario Bonaerense, a través del Consejo Asistido de la Unidad Penal Nº 33.
En la mañana del lunes 7 de diciembre, una delegación formada por integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria y los equipos técnicos de su área de archivo y documentación entregó una carpeta con material probatorio para la causa por crímenes de lesa humanidad en la Unidad 9 durante la última dictadura, causa con 14 imputados y 94 víctimas. Cabe recordar que por aquellos años estuvieron allí como presos políticos, entre otros, el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el actual canciller Jorge Taiana.
En la carpeta -que fue recibida por el presidente del tribunal, doctor Carlos Rozanski, precedidas por un informe producido por la Comisión- constan copias de documentos del Servicio de Inteligencia Naval, del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Estos, provenientes del archivo de la D.I.P.B.A., bajo guarda de la Comisión, tienen valor probatorio respecto a: la existencia de un circuito por el que presos ilegales provenientes de centros de detención eran blanqueados y quedaban en la Unidad 9 a disposición del Poder Ejecutivo Nacional; la disposición de zonas liberadas en las cercanías de la U.9 cuando algunos presos eran puestos en libertad sólo para ser ejecutados a las pocas cuadras en crímenes fraguados que eran atribuidos a las organizaciones armadas; el entramado de inteligencia y operacional que vinculaba al Servicio de Inteligencia Naval, el Servicio Penitenciario Bonaerense, la policía de la provincia de Buenos Aires y la Policía Federal.
Además, el próximo miércoles 9 de diciembre, una comitiva de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires entregará al Tribunal Oral Federal Nº 4 de Comodoro Py un informe elaborado con documentos del archivo de la ex DIPPBA, sobre el centro clandestino de detención “El Vesubio”, en el marco de una causa con 8 imputados y casi 200 víctimas, que llega a juicio oral el 15 de diciembre próximo. El Tribunal Oral Federal Nº 4 está presidido por el Juez Leopoldo Bruglia y conformado por los jueces Jorge Bornini y María Cristina Sanmartino.
El viernes 27 de noviembre a las 19 horas se inauguró la muestra fotográfica Diana de Marcos Adandía, en el Museo de Arte y Memoria (calle 9 número 984 entre 51 y 53).
El fotógrafo Marcos Adandía –editor de la revista Dulce Equis Negra- acompaña algunos tramos de la corta vida de Diana, una joven travesti que murió de sida a los 23 años. Dice la breve biografía que acompaña la muestra: “a los 14 años fue echada de su casa y desde entonces vivió en la calle; a los 19 definió su identidad travesti y ejerció la prostitución callejera en las calles del Oeste del GBA. A los 23, en 1996, Diana murió de sida en el Hospital Muñiz”. Con una mirada sensible, Adandía retrata algunos tramos de la dolorosa vida de Diana.
El martes 17 de noviembre, organizaciones de derechos humanos, gremios y dirigentes políticos brindaron una conferencia de prensa en la Legislatura para pronunciarse contra el proyecto de ley de régimen contravencional en la provincia de Buenos Aires. La actividad estuvo organizada por la Comisión Provincial por la Memoria (Comité contra la Tortura), el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Central de los Trabajadores Argentinos y la Asociación Pensamiento Penal.
El doctor Roberto Cipriano García, coordinador del Comité contra la Tortura leyó el documento titulado Grave amenaza a las libertades de los bonaerenses: la democracia malherida. El documento fue rubricado por 86 organizaciones sociales.
Entre otros, estuvieron presentes Horacio Verbitsky (CELS), Roberto Baradel (SUTEBA), Hugo Cañón (CPM), Laura Conte (CPM), Carlos Sánchez Viamonte (CPM), Mauricio Tenenbaum (CPM), Hugo Blasco (AJB), Víctor Mendibil (AJB), Hugo Godoy (ATE), Gustavo Ponce Núñez (CTA), Martha Vedio (APDH La Plata), Guadalupe Godoy, Nilda Eloy, Victoria Donda (diputada nacional), Carlos Raimundi (diputado nacional), Jorge Ceballos (diputado provincial), Laura Berardo (diputada provincial).
La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires presenta el libro La última dictadura militar en la Argentina: entre el pasado y el presente, una producción del área de Investigación y Enseñanza, y de las nuevas colecciones documentales en CD/DVD elaboradas por el área Centro de Documentación y Archivo.
El libro, coordinado por Sandra Raggio y Samanta Salvatori, cuenta con las siguientes colaboraciones: Mercedes Maiztegui. Autores: Mariana Amieva, Gabriela Arreseygor, María Dolores Béjar, Verónica Delgado, Raúl Finkel, Carlos Gassmann, Margarita Jarque, Martín Legarralde, Margarita Merbilháa, Ana Príncipi, Sergio Pujol, Sandra Raggio, Geraldine Rogers, Samanta Salvatori. Esta serie de la colección documental está compuesta por los siguientes trabajos: Visita de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos de 1979, con introducción de Hernán Sorgentini / Petroquímica Sudamericana - Hilandería Olmos - Mafissa, con introducción de Victoria Basualdo / Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, con introducción de Esteban Campos / Universidad Nacional del Sur, con introducción de Patricia Orbe.
Luciano Nahuel Arruga, de 16 años, fue secuestrado durante la madrugada del 31 de enero de 2009, en la jurisdicción donde se encuentra el Destacamento Policial de Lomas del Mirador. Hasta el día de la fecha no se sabe nada de él. Testigos que vieron a Luciano por aquellos días afirman que estuvo detenido en el Destacamento y que fue golpeado salvajemente. Es importante señalar que Luciano ya había estado detenido en el Destacamento de Lomas del Mirador, el día 21 de septiembre de 2008 desde las 9 horas hasta entrada la noche. Cuando sus familiares se acercaron hasta allí, pudieron escuchar los gritos de Luciano mientras era golpeado por la policía. Se debe resaltar que este destacamento no posee instalaciones para albergar detenidos, y que Luciano permaneció todo el tiempo en la cocina de esta casa de detención ilegal instalada por los “vecinos en alerta” VALOMI (Vecinos de Lomas del Mirador). Desde aquel día de septiembre, las amenazas policiales fueron permanentes y culminaron, sospechosamente, con la posterior desaparición de Luciano. Luciano, como todos los chicos humildes del barrio, era constantemente hostigado por la policía. Existe una causa judicial por averiguación de paradero. En su inicio, la causa estuvo a cargo de la fiscal Castelli de la UFI N º 7 de San Justo. Desde un primer momento los familiares de Luciano solicitaron a la fiscal para que siga la pista policial, ya que él había recibido reiteradas amenazas por parte de efectivos policiales que llegaron al punto de ponerle un arma en el pecho. A pesar de la presión de la familia, que presentó 3 escritos en la fiscalía, la fiscal Castelli tuvo durante 35 días paralizada la causa, siguiendo pistas ridículas y declaraciones de chicos de 12 años de edad tomadas ilegalmente en sede policial. Finalmente y debido a todas estas irregularidades la Fiscal General decidió apartarla de la causa, que recayó en manos de la UFI N º1 a cargo de la Dra. Cejas, quien desde hace unos días esta a cargo de la investigación.
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