El sistema carcelario de la República Argentina constituye, al día de hoy, el principal ámbito de aplicación de tormentos y violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. Con una población carcelaria total cercana a las 100.000 personas, Argentina se ubica por encima del promedio mundial en cuanto a la cantidad de personas privadas de libertad sobre la población base (232 y 181, respectivamente, para 2018). De las personas encarceladas en el país cerca de la mitad (48% en 2020) se encuentran alojadas en unidades y alcaidías a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
El actual estado de cosas se fue configurando por la orientación, sostenida durante más de dos décadas, de una política de seguridad y de persecución penal basada en el encarcelamiento selectivo: la captación de los sectores pobres que forman parte de las cadenas más débiles del delito. Con una tasa general de encarcelamiento de 306 detenidos cada 100.000 habitantes (diciembre 2021) la provincia de Buenos Aires encabeza el ranking nacional y supera con contundencia el mismo índice medido a nivel global (como se muestra en la sección Tasas de encarcelamiento).
En este marco, la sobrepoblación y el hacinamiento, la falta de acceso a derechos básicos de salud e higiene y la aplicación sistemática de torturas emergen como los principales problemas a afrontar. En este apartado presentamos en forma sistematizada información actual e histórica que permite observar cómo estos problemas estructurales se reflejan en variables analíticas específicas sobre la población privada de libertad en el sistema penal bonaerense.
Estos datos cuantitativos se articulan con el relevamiento cualitativo que diariamente realizan los distintos programas de la CPM, cuyos resultados se vuelcan en los Informes anuales.